Una asamblea integrada por miles de dignatarios empezó este viernes una reunión en Kabul para pronunciarse sobre la liberación de 400 prisioneros talibanes, muchos de los cuales están implicados en ataques mortales contra afganos y extranjeros, tanto civiles como soldados.
El futuro de estos prisioneros es un tema crucial en la apertura de negociaciones de paz entre los talibanes y el gobierno, puesto que ambas partes se han comprometido con un canje de presos como paso previo al diálogo.
“Los talibanes dijeron que si liberan a los 400 [prisioneros], las negociaciones directas podrían empezar en tres días”, declaró el presidente afgano, Ashraf Ghani, al inicio de la asamblea del viernes.
“Pero no es posible liberarlos sin haber consultado antes a la nación”, añadió.
Estados Unidos pide su libertad
A primeras horas del viernes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, había pedido a los dignatarios que cumplan con esta acción “impopular” para avanzar hacia la paz.
La liberación de los talibanes “conducirá a un importante resultado largamente buscado por los afganos y los amigos de Afganistán: la reducción de la violencia y las conversaciones directas que resulten en un acuerdo de paz y el fin de la guerra”, dijo, prometiendo ayuda al país.
Kabul ha liberado a casi 5.000 prisioneros talibanes, pero por el momento las autoridades se han negado a liberar a los últimos 400 reclusos reclamados por los insurgentes.
Entre ellos, según la lista oficial a la que tuvo acceso la Agence France-Presse, hay muchos hombres encarcelados por delitos graves, y más de 150 condenados a muerte.
El documento también contiene un grupo de 44 cautivos “indeseables”, una especie de lista negra de personas consideradas problemáticas por las autoridades estadounidenses y afganas, y por otros países.
Cinco de ellos, por ejemplo, desempeñaron un papel en el ataque de 2018 contra el hotel Intercontinental de Kabul, en el que murieron 40 personas, entre ellas 14 extranjeros.
También hay un insurgente implicado en un ataque con camión bomba cerca de la embajada alemana en mayo de 2017, y un exsoldado afgano que abrió fuego contra soldados franceses en 2012, matando a cinco de ellos e hiriendo a otros 13.
“Hay efectivamente prisioneros cuya liberación nadie quiere, sobre todo porque son culpables de haber matado a soldados y ciudadanos de la coalición”, explicó a la AFP un alto cargo no afgano que ha pedido el anonimato.
“Entre los 400, hay un pequeño número de individuos de muy alto perfil, declarados culpables de actos terroristas contra internacionales”, agregó la fuente.
Loya jirga
El presidente afgano Ashraf Ghani ha dejado el destino de estos cautivos en manos de una loya jirga, es decir una gran asamblea de dignatarios.
Unos 3.200 representantes asistirán el viernes a la reunión, según el vocero de la loya jirga, Jahanzaib Sharifi.
El canje de prisioneros prevé la liberación por las autoridades afganas de 5.000 insurgentes. A su vez los talibanes dejan en libertad a mil miembros de las fuerzas de seguridad.
Los talibanes, que dicen haber cumplido con su parte, se niegan a entablar negociaciones de paz hasta que los 5.000 cautivos estén libres.
Según la lista consultada por la AFP, los talibanes piden la liberación de un insurgente involucrado en un ataque contra la compañía de seguridad británica G4S en 2018, y otros que mataron a soldados estadounidenses. La embajada de Estados Unidos declinó hacer comentarios.
Dos insurgentes implicados en un ataque suicida contra un convoy de la OTAN en Kabul en 2015, que causó 12 muertos, entre ellos tres estadounidenses, también figuran en la lista.
Los dos asesinos de Bettina Goislard, una empleada francesa del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) en 2003, también están incluidos.
La ONG Human Rights Watch advirtió sin embargo que muchos prisioneros fueron encarcelados en virtud de “leyes antiterroristas extremadamente amplias que permiten una detención preventiva indefinida”.
“Los juicios secretos y la tortura para forzar confesiones hacen casi imposible determinar qué prisioneros cometieron realmente delitos graves”, afirmó HRW en su web el jueves.