Italia endurece penas contra quienes agredan a personal médico: arriesgan hasta 5 años de cárcel

El Gobierno de Italia aprobó este viernes un decreto-ley de adopción inmediata que agrava las penas contra los que cometan agresiones a personal sanitario y acordó la instalación de cámaras de vigilancia como medida disuasoria, tras el aumento de los casos de violencia contra médicos y enfermeros.

La norma establece un aumento de las penas, arriesgando ahora hasta 5 años de cárcel y el arresto obligatorio en caso de “delito flagrante”, explicó el titular de Justicia, Carlo Nordio, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

El decreto introduce multas de hasta 10.000 euros para quiénes cometan actos de violencia, así como destruir mobiliario o material, además de provocar daños en la infraestructura sanitaria.

Con esta nueva medida del Gobierno de Giorgia Meloni, el Ejecutivo busca aplacar una dinámica que llevó recientemente a algunos sectores a pedir la intervención del Ejército en los hospitales.

Según alegó Nordio, este decreto-ley pretende tener “un efecto disuasorio” ante la reciente escalada de violencia contra personal médico por parte de pacientes, familiares o allegados a los enfermos.

Esta situación se agravó en hospitales de todo el país en los últimos meses, mientras entidades representativas de los empleados sanitarios denunciaron que fue la peor ola de agresiones de la última década.

Italia: agresiones a personal médico “es intolerable”

En su reunión de este viernes, el Consejo de Ministros acordó a su vez la puesta en marcha de un sistema de cámaras de seguridad en los centros sanitarios como medida añadida para prevenir y rastrear los casos de violencia que se puedan producir.

“Es intolerable que quiénes trabajan con tanto sacrificio en clínicas y urgencias sean atacados y golpeados, y que entornos esenciales como los hospitales sean devastados”, añadió Nordio.

Las cámaras ayudarán a identificar a agresores para que puedan ser arrestados incluso dos días después, ya que el nuevo decreto-ley prevé la posibilidad de detención diferida con un plazo de 48 horas.