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Un juez de Madrid suspendió la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, en una investigación por presunto tráfico de influencias, citándola nuevamente para el 19 de marzo. Gómez, investigada por supuestas adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, se vio sorprendida al recibir otra querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír, lo que llevó a su abogado a solicitar no declarar al no haber sido informada previamente. El abogado criticó la falta de notificación y el juez por admitir la nueva querella sin previo aviso. Las denuncias han desencadenado una controversia política en España, con críticas desde la oposición por la falta de ética, mientras que los socialistas se mantienen tranquilos y sus aliados acusan "lawfare".

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Un juez de Madrid suspendió este viernes la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la citó de nuevo el día 19, después de que esta alegara que desconocía los términos de una denuncia en su contra en el marco de una investigación por un presunto tráfico de influencias.

Gómez, que entró en el juzgado por el garaje y en medio de un fuerte cordón policial, declaró en calidad de investigada por un presunto tráfico de influencias en relación con una serie de adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de un máster que ella codirigía.

La esposa de Pedro Sánchez acudió a declarar por una denuncia interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias -próximo a la extrema derecha-, pero una vez en el juzgado se le ha comunicado otra querella presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír.

Por esa razón, su abogado ha solicitado no declarar sobre acusaciones que no le habían comunicado y el juez ha aplazado la cita hasta el viernes 19.

Según el letrado, Antonio Camacho, el juez ha actuado “sorpresivamente y en contra de principios básicos del procedimiento penal” al informarles justo el día de la declaración de que había admitido una nueva querella.

Tras afirmar que su cliente no tenía ninguna duda de que quería colaborar con la administración de Justicia, Camacho ha recordado que la ley otorga a los acusados el derecho “básico” de “tener conocimiento de los hechos que son objeto de la investigación”.

A su juicio, se están produciendo “cosas singulares, querellas que no son notificadas, notificaciones que llegan tarde. Probablemente, tenga que ver con la carga del trabajo del juzgado”, ha puntualizado antes de descartar que la decisión de no declarar haya sido una “argucia legal” porque el propio secretario del juzgado “ha reconocido que no se nos había notificado”.

Las denuncias presentadas por grupos próximos a la ultraderecha que salpican a Begoña Gómez han desatado una intensa tormenta política en España.

Para el portavoz del conservador Partido Popular, Borja Sémper, independientemente del proceso judicial, “es extraordinariamente grave la falta de ética y de estética que ha cometido la mujer del presidente del Gobierno” con su conocimiento.

Desde las filas socialistas dicen estar “absolutamente tranquilos” mientras los socios de izquierda e independentistas del Gobierno de Sánchez denuncian “lawfare”.