¿Jugará la economía un papel importante en estas elecciones legislativas anticipadas -del 30 de junio y 7 de julio- en un momento en que el poder adquisitivo parece ser la principal preocupación de los franceses?
La alianza de izquierdas Nuevo Frente Popular apuesta por una revisión del sistema fiscal atacando el patrimonio de los más ricos para convencer a los electores de la viabilidad de su programa, mientras que la Agrupación Nacional (RN) se distingue por plantear una política fiscal favorable a la natalidad.
Por último, del lado de la coalición presidencial Juntos por la República (Ensemble pour la république), liderada por Gabriel Attal, parece difícil que pueda renovarse después de que el primer ministro pronunciara su discurso de política general el 30 de enero y tras los siete años de Emmanuel Macron como jefe del Estado francés.
“Abolir los privilegios de los multimillonarios”
La alianza de izquierdas prevé abordar la fiscalidad en sus primeros 100 días en el poder, con la adopción, el 4 de agosto, de un proyecto de ley de finanzas complementario -en referencia a la abolición de los privilegios y derechos feudales aprobada en la noche del 4 de agosto de 1789-.
El proyecto pretende aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta de 5 a 14 tramos, hacer progresiva la Contribución Social Generalizada (CSG), reintroducir un impuesto de solidaridad sobre el patrimonio (ISF) que incluirá un componente climático, suprimir el “flat tax” (gravamen único a tipo fijo aplicado a las rentas del capital) y reintroducir el “exit tax” (impuesto sobre la transferencia del domicilio fiscal fuera de Francia).
A su vez, la iniciativa del Nuevo Frente Popular busca suprimir los nichos fiscales “ineficaces, injustos y contaminantes”, reformar el impuesto de sucesiones para hacerlo más progresivo -centrándose en los patrimonios más elevados e introduciendo un máximo hereditario-, introducir un impuesto kilométrico sobre los productos importados y gravar los superbeneficios de los agroindustriales y la gran distribución.
Según el Nuevo Frente Popular, estos nuevos ingresos permitirán derogar los decretos de aplicación de la reforma de las pensiones de 2023, que elevó la edad legal de jubilación a 64 años, así como las reformas del seguro de desempleo.
Así pues, la alianza de izquierdas aspira a restablecer finalmente la jubilación a los 60 años, pero propone organizar una gran conferencia con los interlocutores sociales para estudiar cómo lograrlo. Antes, promete restablecer los factores del llamado trabajo penoso (peligroso o tóxico) suprimidos por Emmanuel Macron, que se tenga en cuenta el ingreso de solidaridad activo (RSA) para validar los trimestres de cotización y que se indexe el importe de las pensiones a los salarios.
En cuanto a los ingresos, el Nuevo Frente Popular quiere someter a cotización los dividendos, la participación en los beneficios, el ahorro de los asalariados, la recompra de acciones y las horas extraordinarias. Al mismo tiempo, busca aumentar las cotizaciones a la vejez en 0,25 puntos al año durante 5 años, modular las cotizaciones patronales a la seguridad social y crear un recargo sobre los salarios elevados.
En cuanto a la vida económica francesa como tal, La Francia Insumisa, el Partido Socialista, Los Ecologistas y el Partido Comunista, integrantes del Nuevo Frente Popular, quieren “dar un giro a la economía y reindustrializar Francia”.
Los partidos de izquierda proponen lanzar “un plan de reconstrucción industrial para acabar con la dependencia de Francia y de Europa en ámbitos estratégicos (semiconductores, medicamentos, tecnologías de punta, automóviles eléctricos, paneles solares, etc)”, realizar un diagnóstico previo de los recursos naturales antes de instalar una industria, regular la subcontratación, garantizar la responsabilidad del empresario e introducir cuotas de subcontratación a partir del sector de las PYME y de la artesanía local.
También quieren condicionar las ayudas a las empresas al cumplimiento de criterios medioambientales, sociales y antidiscriminatorios y “convertir a los asalariados en verdaderos actores de la vida económica”, al reservarles al menos un tercio de los puestos en los consejos de administración y ampliar su derecho a intervenir en la empresa.
Asimismo, la izquierda también quiere regular la banca y las finanzas “para evitar nuevas crisis y financiar la economía real” y crear un centro bancario público basado en la Caja de Depósitos y Consignaciones y el Banco Público de Inversión, “cuya tarea será, en particular, destinar la recaudación del ahorro regulado a las necesidades sociales y ecológicas”.
El Nuevo Frente Popular también promete defender los derechos de los trabajadores. Organizará una conferencia nacional sobre el trabajo y las condiciones laborales, con el objetivo de restablecer la semana laboral efectiva en 35 horas, pasando a 32 horas para los trabajos pesados o nocturnos, y extender esta medida a otros empleos mediante la negociación colectiva.
Al mismo tiempo, adoptará un plan de acción “cero muertes en el trabajo” que restablecerá los comités de salud, seguridad y condiciones de trabajo (CHSCT), permitirá la contratación de inspectores de trabajo y médicos del trabajo, y actualizará el cuadro de enfermedades profesionales incluyendo en particular el agotamiento.
“¡Juntos por el trabajo y el mérito!”
En materia fiscal, la coalición presidencial promete lo contrario que el Nuevo Frente Popular: una “regla de oro contra la subida de impuestos”. También asegura que no se aplicarán impuestos a las herencias y donaciones de hasta 150.000 euros por hijo, incluidas las familias numerosas, ni a las de hasta 100.000 euros transmitidas a los nietos.
Por otro lado, la coalición anunció una nueva ley este verano para continuar “una lucha sin descanso contra todo fraude social y fiscal”.
Por lo demás, Juntos por la República apuesta también por la reindustrialización y afirma que su Gobierno creará 200.000 empleos industriales y 400 fábricas suplementarias manteniendo a Francia como “el lugar más atractivo de Europa para la inversión”.
El plan presentado por el primer ministro, Gabriel Attal, también señala que se pretende invertir “masivamente” en investigación y tecnología, sobre todo en salud, gracias al plan “Francia 2030”.
Por último, la coalición presidencial promete ir “más lejos” en la simplificación de los trámites administrativos para las pymes “con el fin de seguir fomentando la iniciativa y la creación de empleo”.
Además se propone permitir que “aquellos que experimenten dificultades para reembolsar sus préstamos garantizados por el Estado puedan reestructurar su deuda”.
“Alinear los intereses económicos con las ambiciones nacionales”
El plan de Jordan Bardella y Marine Le Pen también incluye una reforma fiscal, pero para fomentar una política favorable a la natalidad y facilitar las herencias.
Introducirá una cuota íntegra de impuestos a partir del segundo hijo y creará un préstamo público sin intereses transformado en subsidio para las parejas que tengan un tercer hijo.
La RN también pretende restablecer la mitad de la cuota tributaria para viudos y viudas, suprimir el impuesto directo de sucesiones para las familias humildes y de clase media, y eximir las donaciones de padres y abuelos a sus hijos y nietos de hasta 100.000 euros por descendiente cada 10 años.
Por último, se habla de sustituir el impuesto sobre el patrimonio inmobiliario (IFI) por un impuesto sobre el patrimonio financiero (IFF) y de suprimir el impuesto sobre la renta para los jóvenes menores de 30 años “con el fin de favorecer su instalación duradera en Francia, tanto profesional como familiar”.
Jordan Bardella también pretende simplificar el entorno normativo, “de acuerdo con los Estados Generales de Simplificación” que se pondrán en marcha en el verano de 2024, y negociar una reforma del mandato del Banco Central Europeo para orientarlo hacia el empleo, la productividad y la financiación de proyectos estratégicos a largo plazo.
En materia de pensiones, la RN prevé derogar la reforma de las pensiones de 2023 e introducir un sistema de pensiones progresivo “que anime a los jóvenes a incorporarse pronto al mercado laboral y tenga en cuenta la penuria real de los empleos poco cualificados”. También está prevista la celebración de una conferencia social sobre las condiciones de trabajo en julio de 2024.
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