La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, justificó hoy que su país sea el único que no ha ratificado el nuevo tratado del fondo europeo de rescate, el MEDE, ya que es "contrario al interés de Italia". A su vez, adelantó que no tiene intención de hacerlo en el corto plazo.
“Considero contrario al interés nacional acelerar la ratificación del tratado de reforma del MEDE mientras el gobierno está inmerso en las negociaciones sobre la modificación del pacto de estabilidad y la culminación de la unión bancaria”, respondió la líder en una entrevista con el diario Il Corriere della Sera.
La semana pasada la mayoría conservadora presentó en el Parlamento una suspensión de cuatro meses para evitar su debate, a pesar de que la oposición pide continuar con los trámites.
Según Meloni esa suspensión se debe a que su prioridad es negociar antes los otros instrumentos financieros de la Unión Europea.
La cuestión del MEDE ha mostrado algunas fisuras en la coalición de derechas que gobierna el país: por un lado La Liga del euroescéptico Matteo Salvini se opone frontalmente mientras que los conservadores de Forza Italia reciben indicaciones del Partido Popular Europeo, al que pertenecen, para ratificar la reforma.
“Tengan la seguridad de que el gobierno continuará durante los próximos cinco años. Todo está bien”, trató de calmar los ánimos la semana pasada el ministro de Exteriores y vicepresidente, Antonio Tajani, principal voz de Forza Italia en el Ejecutivo.
El retraso propiciado por Italia forma parte también de las preocupaciones del Eurogrupo.
“Seguiremos dialogando con el gobierno italiano sobre este tema (…) Sé que es un tema muy sensible en el Parlamento”, aseguró su presidente, el irlandés Paschal Donohoe, el mes pasado.
Acordada en noviembre de 2020, la reforma del tratado del MEDE, establecido para ayudar a los países en apuros, facilitará el acceso a las líneas de crédito precautorias cuando aún no es necesario un rescate total.
En esa línea, incluye unas cláusulas, conocidas como CAC en la jerga financiera, que en la práctica facilitan que los acreedores asuman pérdidas si es necesario reestructurar la deuda pública.
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