Después de casi una década de disputas, los países de la Unión Europea acordaron reformar la política migratoria y de asilo del bloque.
“Es un paso histórico y un gran éxito poder finalmente unir a tantos Estados miembros”, dijo la ministra de Migración sueca, Maria Malmer Stenergard, a los periodistas, después de presidir 12 horas de negociaciones.
Sin embargo, organizaciones humanitarias critican que Europa se está cerrando a los solicitantes de asilo y eludiendo su responsabilidad.
Países de la UE: acoger inmigrantes o pagar
La nueva ley de la UE establece que las personas deben solicitar asilo en el primer país al que llegan, lo que ha llevado a los estados del sur, como Grecia, Italia y España, a exigir más ayuda.
En el pasado, Bruselas trató de obligar a los países del norte y del este de la UE a aceptar un cierto número de inmigrantes en función del tamaño de su población, pero fracasó. Pero ahora, los países de la UE pueden optar por no reubicar a los inmigrantes si pagan 20.000 euros por persona a un fondo administrado por Bruselas.
“La idea es que haya un conjunto de opciones disponibles para los Estados miembros para mostrar su solidaridad con un país que está experimentando la llamada presión migratoria”, explicó Hahn antes de la reunión decisiva del jueves.
Pero algunos Gobiernos de la UE no están de acuerdo con dicha medida. “¡Esto es inaceptable! Quieren convertir Hungría en un país de inmigrantes a la fuerza”, criticó el primer ministro húngaro Victor Orban en Facebook.
Activistas mostraron su descontento con el nuevo acuerdo. La experta en migración de Oxfam, Stephanie Pope, acusó a los países de la UE de tratar de “evitar su responsabilidad de dar la bienvenida a los refugiados comprándose a sí mismos”.
Acelerar las deportaciones
Los ministros de la UE también acordaron un nuevo sistema para separar a los solicitantes de asilo en función de la probabilidad de que se les conceda asilo.
En 2022, solo el 40% de los que buscaron refugio en la UE cumplían con los requisitos. Según los nuevos planes, las solicitudes de personas de países considerados más seguros se filtrarán a través de un procedimiento de evaluación acelerado en la frontera.
El proceso también se aplicará a personas que se consideren una amenaza para la seguridad nacional o que hayan engañado a las autoridades. A todos, incluidas las familias, se les prohibirá ingresar al país y permanecerán detenidos en centros especiales en la frontera, hecho inaceptable para organizaciones de derechos humanos.
“Este no es un procedimiento de asilo justo”, dijo a DW Karl Kopp, director de asuntos europeos de la organización de defensa de la inmigración más grande de Alemania, Pro Asyl.
Stephanie Pope, de Oxfam, dijo con respecto a la nueva medida que “encerrará a los refugiados, incluidos los niños, con un costo enorme, en centros similares a prisiones en las fronteras de Europa y bloqueará su derecho al asilo”.
Personas de países considerados menos seguros accederían al procedimiento normal de asilo. El año pasado, las nacionalidades con las tasas más altas de reconocimiento de asilo en la UE incluyeron sirios, bielorrusos, eritreos, yemeníes y malienses.
Reforma de asilo genera división en Alemania
Las medidas también han provocado problemas en el Gobierno de coalición de Alemania. La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, SPD, prometió seguir defendiendo los derechos de los niños.
La ministra alemana de Relaciones Exteriores de Los Verdes, Annalena Baerbock, en cambio, comunicó a su partido que respaldar las reformas fue “muy difícil”, pero que, en última instancia, fue la decisión correcta.
La comisaria de Asuntos Interiores de la Unión Europea, Ylva Johansson, también defendió las propuestas: “Esta es una clara posibilidad de tener procesos más rápidos y poder tomar decisiones de retorno más rápidas, lo cual es importante para el índice de devoluciones, pero también para que las personas no queden en un limbo por mucho tiempo”.
Si bien el acuerdo del pasado jueves fue descrito como histórico por los ministros, no es el final de la historia.
Los parlamentarios de la Unión Europea también tendrán voz y voto, y los países y legisladores esperan negociar y llegar a un acuerdo final sobre las reformas en 2024.