El Parlamento italiano dio hoy el primer paso para penalizar la práctica de la maternidad subrogada en el extranjero, más conocido como el “vientre de alquiler”.
Todo lo anterior ocurre para enmendar un proyecto de ley propuesto por la coalición de derechas que gobierna el país desde el pasado octubre.
La Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados aprobó este miércoles una serie de enmiendas a un proyecto de ley aprobado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni en febrero y que busca hacer de esta práctica “un delito universal”.
La maternidad subrogada es delito en Italia por una ley de 2004 que castiga con penas de cárcel de hasta dos años y multas de hasta un millón de euros a “quien, en cualquier modo, realice, organice o patrocine la comercialización de gametos o embriones”.
Sin embargo, el nuevo proyecto de ley quiere penalizar a quienes recurran a esa práctica reproductiva también fuera de las fronteras italianas.
Enmienda que prohíbe el vientre de alquiler en Italia
La enmienda aprobada hoy prohíbe a “los ciudadanos italianos” hacer uso de los “vientres de alquiler” también en el extranjero “para obstaculizar toda práctica que pueda configurarse como un tráfico comercial de niños”.
Este es el primer “sí” parlamentario al proyecto de ley de Meloni, que se espera que llegue al pleno de la Cámara de los Diputados el próximo 19 de junio para después pasar al Senado para su aprobación definitiva, que se da por descontada por la mayoría de la derecha.
La ministra para la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, defendió hoy que la posición del Gobierno es “clara y de absoluta condena a toda forma de maternidad subrogada por ser lesiva de la dignidad de las mujeres y los derechos de los niños”.
La secretaria del PD, Elly Schlein, suscitó el debate dentro de su partido al defender la maternidad subrogada, aunque reconociendo que se trata de un tema “delicado y denso” que requiere de un debate profundo en el seno de la formación.