El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este miércoles que el Parlamento autónomo de Escocia no tiene competencias para convocar un referéndum de independencia consultivo sin el consentimiento del Gobierno de Londres, al entender que se trata de “asuntos reservados al Parlamento británico, como la Unión entre Escocia e Inglaterra”.
Así lo indicó el magistrado Robert Reed al exponer el veredicto alcanzado por los cinco jueces que en octubre escucharon los argumentos de Edimburgo y Londres, puntualizando que se trata de “un dictamen unánime, al que se ha dado prioridad”.
El juez recalcó que el veredicto “redunda en el interés público” y que “no se trata de una decisión política” sobre la independencia.
En su exposición, Reed consideró que el efecto de un referéndum, aunque no tuviese como repercusión directa la independencia, “no está restringido a sus consecuencias legales, sino que puede incluir sus consecuencias prácticas”.
“Esta corte concluye de manera unánime que el propuesto proyecto de ley está relacionado con los asuntos reservados” y que, según esto, el Parlamento escocés “no tiene potestad para legislar sobre un referéndum de independencia de Escocia”.
El Supremo entiende que la consulta que el Gobierno nacionalista de Nicola Sturgeon quiere celebrar el 19 de octubre de 2023 “tendría consecuencias políticas importantes”, y, por lo tanto, “reforzaría o debilitaría la fortaleza democrática de la Unión y apoyaría o socavaría las credenciales democráticas” de la causa independentista.
Al detallar la posición del Supremo, el juez recordó que el gobernante Partido Nacionalista Escocés (SNP) había aludido al derecho de autodeterminación y a la legislación internacional para defender su caso.
En este sentido, rechazó los argumentos presentados por el SNP, al entender que ese derecho solo puede ser invocado en excolonias o por pueblos que son oprimidos por la ocupación de una fuerza extranjera.
La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, había adelantado previo al fallo de que tenía intención de celebrar un plebiscito de independencia el 19 de octubre de 2023.
Entre sus argumentos, Sturgeon sostiene que el Brexit ha cambiado las condiciones en las que los escoceses decidieron seguir formando parte del Reino Unido, por lo que defiende una nueva consulta, mientras que el Gobierno de Londres cree que la cuestión quedó zanjada al menos durante “una generación”.
Escocia y el gobierno británico reaccionan
En respuesta, la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, aseguró que “respeta” la decisión del Tribunal Supremo británico, pero manifestó que continuará su pelea por celebrarlo.
“Aunque estoy decepcionada, respeto el dictamen del Tribunal Supremo: no hace la ley, sólo la interpreta. Una ley que no permite a Escocia elegir su futuro sin el consentimiento de Westminster muestra que cualquier noción de que el Reino Unido es una asociación voluntaria es solo un mito y esto es un argumento a favor de la independencia”, escribió Sturgeon en Twitter.
Para la líder del Partido Nacional Escocés (SNP) la decisión judicial de hoy “cierra una ruta para que se escuche la voz de Escocia sobre la independencia, pero en una democracia nuestra voz no puede y no será silenciada”.
En tanto, el ministro británico para Escocia, Alister Jack, aseguró que el Gobierno “toma nota y respeta” el dictamen del Tribunal Supremo acerca de un referéndum consultivo de independencia en Escocia, y pidió a ambos Ejecutivos que “concentren su atención en los temas que importan más a la gente”.
“Tomamos nota y respetamos el dictamen unánime del Tribunal Supremo. La gente en Escocia quiere que ambos gobiernos concentren toda su atención y recursos en las cuestiones que les importan más”, escribió Jack en la red social Twitter.
Según el responsable para Escocia del gabinete del primer ministro, Rishi Sunak, éste “ha dejado claro que seguiremos trabajando constructivamente con el Gobierno escocés para abordar todos los desafíos que afrontamos”.
Jack defendió las acciones de su Ejecutivo como ejemplo de prestar atención a los asuntos más cercanos a la ciudadanía como “restaurar la estabilidad económica, ayudar a la gente con sus facturas energéticas y apoyar el NHS (servicio nacional de salud).