Una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando “graves violaciones” a los derechos humanos en el marco de un régimen de excepción.
Se trata de un estado vigente desde finales de marzo y que suspende garantías constitucionales, y advirtió sobre la posibilidad de “responsabilidad penal internacional”.
Esta conclusión se da a conocer cuando comienza el cuarto año de Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien la noche del miércoles dio un discurso a la nación con el tema de derechos humanos ausente y en el que nuevamente criticó a las organizaciones nacionales e internacionales.
“Tras entrevistar a víctimas y sus familiares hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos”. Así lo sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, durante una conferencia de prensa en San Salvador.
Las organizaciones salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 1.500 denuncias de atropellos por parte de las autoridades, principalmente por detenciones arbitrarias.
También han documento la muerte de 23 personas detenidas bajo este régimen y que fallecieron bajo custodia estatal.
Casos de Amnistía Internacional en El Salvador
Guevara Rosas indicó que, en las últimas semanas, AI “documentó en profundidad 28 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, que corresponden a 35 personas”.
Señaló que entre estos se encuentran “casos de tortura y malos tratos” en los centros de detención y prisiones, además de detenciones indiscriminadas.
“Amnistía Internacional recibió testimonios de varias personas liberadas que describieron los horrores vividos durante el internamiento”, sostuvo.
Además, dijo que existen “condiciones extremas de hacinamiento que estarían resultando en violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal”.
Esto, subrayó Guevara Rosas, “significa que el 1,7 % de la población mayor de 18 años está tras las rejas”.
Entre los casos conocidos por AI está el de un adolescente de 16 años que estuvo detenido por 13 días, fue encadenado a una pared, golpeado por policías y que pandilleros con los que compartió celda “le torturaron continuamente”.
“Este es uno de los niños que en el discurso de ayer (1 de junio) el presidente Bukele se vanagloriaba con proteger”, comentó.
Otro caso es el de William González, de 36 años, quien fue detenido en abril pasado junto con su madre y su hermana, y murió bajo custodia de las autoridades.
El informe de Amnistía Internacional también apunta que existen casos en El Salvador de personas que siguen sin conocer el paradero de sus familiares detenidos.
La responsabilidad internacional
Recientemente, organizaciones advirtieron que la situación bajo el estado de excepción podría derivar en responsabilidad internacional para El Salvador.
Guevara Rosas dijo que AI realiza este tipo de investigaciones cuando considera que en un país se están dando violaciones sistemáticas a los derechos. Además, puede derivar en “responsabilidad criminal internacional”.
“Estas conclusiones preliminares de AI son graves. La política implementada por el Gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional”, indicó.
Añadió que los tres poderes del Estado “tienen conocimiento suficiente para tomar las medidas necesarias que detengan el encarcelamiento ilegal de miles de personas”.
Críticas al Ombudsman
Zaira Navas, de la organización humanitaria Cristosal, criticó el papel que desempeña la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su titular, Apolonio Tobar.
Dijo que tiene una “lamentable actuación”, que únicamente reporta sus actividades y que “no está investigando” las denuncias que han presentado por violaciones a derechos humanos.
Agregó que la PDDH ha respondido que coloca los casos bajo dos expedientes, con lo que el procurador Tobar “está diciendo algo totalmente distinto a lo que está haciendo”.
Tobar dijo a finales de mayo que han recibido más de 700 denuncias, pero que “están sujetas a comprobación”.
Señaló además que la PDDH también realiza investigaciones sobre las denuncias de personas detenidas que supuestamente han fallecido en cárceles, sin que se conozcan resultados.
“Este procurador está incumpliendo su mandato inconstitucional, al amparo de que no es defensor de pandilleros”, subrayó Navas.
AI señaló que los crímenes de las pandillas deben ser juzgados, pero cuestionan que la estrategia gubernamental afecta a personas sin vínculos.
El régimen de excepción, extendido hasta finales de junio, fue aprobado tras una escalada de homicidios a finales de marzo. El hecho cobró la vida de 87 personas, puso en jaque el plan de seguridad del Gobierno de Bukele y mostró el músculo de estas bandas en las calles.