Hasta ahora la polémica había alimentado solo la crítica de sus rivales en los comicios del 10 y 24 de abril, pero la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) fue más allá al anunciar que abrió una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades.
Sus pesquisas por blanqueo agravado de fraude fiscal, lanzadas el 31 de marzo, no identifican a ninguna asesoría en particular, pero son resultado de un informe presentado en marzo por una comisión de investigación del Senado sobre “la influencia creciente” de las asesorías en las políticas públicas.
En esa cámara es mayoritario el partido conservador Los Republicanos, en la oposición, y su análisis reprochaba al Ejecutivo recurrir a ese tipo de empresas ahora sospechosas, en particular a la estadounidense McKinsey, incluso cuando la propia administración podía ejecutar la labor encomendada.
Ese documento apuntaba que el Gobierno de Macron duplicó desde 2018 el recurso a las consultoras privadas, hasta los casi 1.000 millones de euros anuales, sin la transparencia suficiente, y denunciaba además que McKinsey no habría pagado el impuesto de sociedades en Francia desde hace una década.
Tras conocer el anuncio de la Fiscalía, el Gobierno se apresuró a intentar desmarcarse de cualquier posible irregularidad.
“Desde el principio hemos pedido que se esclarezca toda la verdad sobre las prácticas fiscales de esa consultora. La investigación de la Fiscalía se inscribe en esa misma línea. Ese gabinete pagará lo que deba pagar”, dijo hoy el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal.
Ayuda en la pandemia
El Gobierno acudió a McKinsey y consultoras similares para organizar las campañas de vacunación contra la covid y otras operaciones logísticas durante la pandemia y justifica con esa situación excepcional el incremento del gasto.
Esto le valió ya una primera denuncia el 1 de abril por parte de Julie Grasset, presidenta de la asociación de víctimas de la covid “Coeur vide 19”, que demandó a McKinsey y a otras dos consultoras por desvío de fondos públicos, trafico de influencias, corrupción y conflicto de intereses.
Esas firmas, en su opinión, eran “incompetentes en materia médica”, lo que impidió que se implementara una política pública eficaz para evitar la propagación de la pandemia, y sus contratos fueron atribuidos sin concurso público.
Desde el Estado han sido crecientes las voces que minimizan lo sucedido. La ministra de la Función Pública, Amélie de Montchalin, aclaró el pasado 30 de marzo que las consultoras “nunca” adoptan las decisiones políticas y que la contratación por parte del sector público de estas empresas data de al menos 2005.
El propio Macron pidió el 27 de marzo que cesaran las especulaciones: “Si hay pruebas de manipulación, que vayan a lo penal. Ningún contrato se valida en la República sin que respete la regla de los mercados públicos”, dijo en la cadena France 3.
Pero esos intentos no han evitado que el “McKinsey Gate”, visto desde sus filas como una operación política para perjudicarle, haya manchado su campaña, en la que se mantiene como favorito en los sondeos seguido cada vez más de cerca por la ultraderechista Marine Le Pen.
Una encuesta del instituto demoscópico Harris Interactive de este lunes apuntaba que, igual que en 2017, el duelo final se disputará entre ambos con un empate casi técnico en las intenciones de voto: el 51,5% para Macron y el 48,5% para Le Pen, frente a porcentajes respectivos del 66,1% y 33,9% logrados hace cinco años.
El caso McKinsey ha servido a los aspirantes como dardo principal contra el actual mandatario. El ultraderechista Éric Zemmour lo considera un escándalo de Estado; para Le Pen es reflejo de la desconfianza de Macron hacia los funcionarios, y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon asegura que de ser elegido suspenderá ese tipo de contratos.