Un tribunal británico decidió este lunes permitir al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que recurra ante el Supremo su extradición a Estados Unidos para ser juzgado allí por 18 delitos de espionaje e intrusión informática.
El dictamen del Tribunal Superior da un plazo de 14 días para que Assange eleve su caso al Supremo, que deberá decidir si lo admite o no.
Los jueces del Tribunal Superior Ian Burnett y Tim Holroyde, que el pasado 10 de diciembre autorizaron la entrega del activista al dar por bueno un recurso de EE.UU. en un proceso de apelación, reconocen en su fallo de hoy que hay un aspecto legal que puede merecer ser examinado por el Supremo, máxima instancia judicial británica.
De admitir el caso, esta corte tendría que analizar si es admisible que Washington presentara durante el proceso de apelación el pasado octubre, y no en el juicio inicial de primera instancia en enero de 2021, sus garantías sobre el tratamiento que recibirá el australiano en suelo estadounidense.
En su breve dictamen de hoy, los jueces consideran que el recurso de Assange debería ser denegado, pero dado que el Supremo nunca se ha pronunciado sobre este punto legal en concreto, dejan en sus manos decidir si quiere examinarlo.
La defensa del fundador de WikiLeaks ya se quejó en octubre de que Estados Unidos había presentado “fuera de tiempo” las salvaguardas para proteger a su cliente.
Un largo proceso
Washington quiere juzgar al fundador de la web de filtraciones WikiLeaks por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos, relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak.
El 10 de diciembre, el gobierno estadounidense obtuvo una importante victoria cuando una corte de apelaciones de Londres anuló la decisión previa de no entregarlo.
Inmediatamente el exjuez español Baltasar Garzón, coordinador internacional de la defensa de Assange, anunció que utilizarían “todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y acceso a la información”.
En primera instancia, la jueza londinense Vanessa Baraitser había impedido la extradición en enero de 2021 por considerar que Assange, de frágil salud mental, podía cometer suicidio si era entregado al sistema judicial de Estados Unidos.
Pero en octubre los abogados de Washington apelaron esa decisión. Garantizaron que no se mantendría al australiano, de 50 años, en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento médico adecuado.
Estimando estas garantías como suficientes, el tribunal de apelaciones decidió el mes pasado que, sin más exámenes, el caso fuera enviado al ministerio del Interior, quien tiene la última palabra sobre toda extradición.