Un tribunal ruso aumentó el lunes la condena de prisión del destacado historiador del Gulag, Yuri Dmitriev, a un total de 15 años por cargos que, según sus partidarios, son un castigo por su trabajo.
Dmitriev dirige una filial del importante centro de derechos humanos Memorial, emblema de la sociedad civil y blanco de una campaña para acallar las voces que critican al gobierno.
“Quince años para Yuri Dmitriev”, dijo Memorial en Twitter.
La ONG considera al historiador como un preso político y cree que el verdadero motivo de su proceso es “su actividad para preservar la memoria de las represiones políticas” en la era soviética.
Memorial lleva años en el punto de mira de las autoridades rusas y esta semana los tribunales podrían cerrarla por presunta violación de la ley. Esto, además de promoción del terrorismo y el extremismo.
Por su parte, Dmitriev trabaja desde hace décadas para localizar y exhumar fosas comunes de personas. Todos asesinadas bajo el régimen de Stalin y creó un monumento en su honor en la región de Carelia.
El año pasado, un tribunal del noroeste de Rusia condenó al historiador a 13 años de cárcel por unas polémicas acusaciones de delitos sexuales contra niños. En diciembre, los fiscales solicitaron que la condena se extendiera dos años más.
Tras la petición de la fiscalía, el tribunal de la ciudad de Petrozavodsk, en el noroeste, amplió este lunes la condena.
Acusaciones contra el historiador del Gulag
En los últimos años, se enfrentó también a una serie de juicios por varios cargos, entre ellos el de abusar sexualmente de su hija adoptiva. Dmitriev rechaza las acusaciones.
Inicialmente fue detenido en 2016 y acusado de pornografía infantil por varias fotos de desnudos de su hija adoptiva. Según dijo, tomó para monitorear su crecimiento. Un tribunal lo absolvió en 2018.
En un sorprendente giro, el veredicto fue posteriormente anulado por un tribunal superior y Dmitriev volvió a ser juzgado por un nuevo cargo de actos sexuales forzados con un niño.
Fue condenado a más de 3 años de cárcel en julio de 2020, la mayor parte de los cuales ya pasó en prisión preventiva.
Los fiscales recurrieron el veredicto, pidiendo una sentencia más dura.
Como consecuencia, el tribunal supremo de la región noroccidental de Carelia dictó una nueva sentencia en septiembre de 2020, enviándolo a una colonia penal de alta seguridad durante 13 años.