Suecia pondrá en marcha una investigación oficial sobre las adopciones internacionales del país en los últimos 70 años, para verificar posibles “irregularidades”, tras recibir informes sobre el posible secuestro de algunos niños en ciertos países, como Chile y Colombia.
La ministra de Asuntos Sociales, Lena Hallengren, declaró que la investigación se centrará en las adopciones en Chile y China, después de que hayan aparecido informes sobre procesos de adopción inusuales.
“El investigador examinará si se produjeron irregularidades en los países desde los que provienen la mayoría de las adopciones, así como en los países en los que hay fuertes sospechas de que hubo irregularidades”, indicó Hallengren.
La investigación, que examinará la normativa sueca sobre adopciones internacionales desde 1950 hasta la actualidad, tiene lugar debido a temores de que algunos niños fueron robados y puestos en adopción internacional sin que sus padres biológicos lo supieran.
Los medios de comunicación suecos han informado a lo largo de los años sobre niños cuyos documentos de adopción fueron falsificados, madres a las que sus bebés fueron declarados falsamente muertos al nacer, así como adopciones forzadas, secuestros y niños robados.
Desde 2018, un juez especial en Chile se encarga de investigar las presuntas adopciones ilegales, la mayoría de las cuales ocurrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Más de 4.000 niños han sido adoptados en Suecia desde China, a menudo bebés que, según las autoridades chinas, habían sido abandonados por sus padres, según un informe de investigación del diario sueco Dagens Nyheter.
Sin embargo, en las últimas décadas han surgido varios escándalos de adopción en China, como el secuestro de niños supuestamente nacidos en violación de las políticas de control de la población y luego traficados por funcionarios para ser adoptados en todo el mundo.
Unos 60.000 niños han sido adoptados en Suecia desde mediados del siglo pasado, principalmente provenientes de Corea del Sur, India, Colombia y Sri Lanka.
El gobierno nombrará formalmente a Anna Singer, profesora de derecho civil y de familia de la universidad de Uppsala, como directora de la investigación. Presentará sus conclusiones en noviembre de 2023.