La Justicia rusa ilegalizó este miércoles varias organizaciones asociadas al líder opositor Alexéi Navalni, entre ellas su movimiento político, al declararlas “extremistas” e impedir así a sus miembros y seguidores presentarse como candidatos a elecciones a cualquier nivel, incluidas presidenciales.
“Por decisión judicial, las organizaciones sin ánimo de lucro Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) y Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG) fueron liquidadas, las actividades del movimiento público “oficinas de Navalni” fueron prohibidas”, señaló el Tribunal Municipal de Moscú.
En una vista que duró 12 horas y media y que se celebró a puerta cerrada por tratarse de un caso clasificado como “secreto”, el juez satisfizo la demanda de abril pasado del fiscal de Moscú, Denís Popov, de declarar “extremistas” al movimiento del opositor, actualmente en prisión por un antiguo caso penal.
SOCAVAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL
La Fiscalía alegaba que “los objetivos reales” de las actividades de las organizaciones de Navalni “son crear las condiciones para cambiar los cimientos del orden constitucional, incluido a través de la ‘revolución de color”, en alusión a las revueltas populares en el espacio promovidas desde el exterior, según Moscú.
El Ministerio Público sostuvo en la vista que las organizaciones organizaron de manera regular “acciones masivas no autorizadas que a menudo acabaron en disturbios” e implicaba a menores en estas actividades, lo que creaba una amenaza a su vida”, en referencia a las protestas en apoyo a Navalni tras su encarcelamiento.
La defensa tiene ahora 10 días para recurrir la sentencia.
Iván Pávlov, líder de “Equipo 29”, ONG que participa en la defensa de las organizaciones de Navalni, indicó que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según la defensa, “nunca se presentaron pruebas adecuadas de la culpabilidad” en el caso por supuesto extremismo.
La sentencia no fue ninguna sorpresa para Navalni ni para su equipo, dado que tanto el FBK -azote del enriquecimiento ilícito entre altos cargos rusos- y el FZPG ya fueron declarados “agentes extranjeros” en 2019 y 2020, respectivamente.
Desde entonces ha habido innumerables detenciones de los aliados del opositor, registros en sus casas y en las oficinas de Navalni, casos penales por supuesto fraude y congelaciones de activos.
LEYES CONTRA NAVALNI
La ley anti-extremismo de Rusia, aprobada primero hace 19 años y que inicialmente estaba dirigida contra el terrorismo, ha sido enmendada varias veces para endurecerla y es conocida en el exterior sobre todo por la persecución de más de 250 miembros de los testigos de Jehová desde que fueron clasificados como extremistas en 2017.
Bajo esta ley, los empleados, así como aquellos que cometen “acciones deliberadas relacionadas con la continuidad o renovación” de las organizaciones de Navalni, afrontan “hasta seis años de cárcel”, según la defensa.
La sentencia de este miércoles tiene otras consecuencias más allá de lo penal, ya que la semana pasada el presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó una ley que ya se conoce como “Ley anti-FBK”.
Esta ley prohíbe a cualquier persona involucrada en las actividades de organizaciones consideradas extremistas presentar sus candidaturas en elecciones locales y federales.
NAVALNI NO SE RINDE
El propio Navalni, que decidió ya el pasado 29 de abril adelantarse a la decisión judicial y disolver su red de oficinas para proteger a sus colaboradores de la persecución penal, aseguró hoy a través de su equipo que, pese a todo, no se rendirá.
“¿A quién le importa cómo nos llamen? No somos un nombre, ni un trozo de papel ni una oficina”. “Somos un grupo de personas que unimos y organizamos a los ciudadanos de Rusia que están en contra de la corrupción, (luchamos) por unos tribunales justos y la igualdad de todos ante la ley”, dijo.
Hay millones de ellos y mientras estén, no iremos a ninguna parte”, escribió en Instagram.
Además, pidió a sus seguidores su apoyo al “Voto inteligente” de cara a las elecciones de septiembre, una campaña ideada por él que consiste en respaldar al candidato que tenga más opciones de derrotar al representante del gobernante Rusia Unida.
El Kremlin considera que esa campaña, que ha permitido desbancar a los oficialistas de varias asambleas parlamentarias regionales, es “un instrumento de injerencia extranjera en las elecciones rusas”.