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La justicia rusa ordenó este lunes la suspensión de las actividades de las organizaciones vinculadas por el opositor detenido Alexéi Navalny, que podrían ser declaradas “extremistas” y prohibidas de manera definitiva.
La decisión se dio a conocer luego de que Navalny, militante anticorrupción de 44 años y enemigo jurado del Kremlin, puso fin el viernes a una huelga de hambre de 24 días en su colonia penitenciara de Pokrov, a raíz del agravamiento de su estado de salud.
Esta medida judicial está vinculada a un proceso por “extremismo” contra las organizaciones del opositor, cuya primera audiencia preliminar tuvo lugar este lunes a puertas cerradas. La próxima audiencia está prevista el jueves, indicó a la AFP el tribunal de Moscú que se ocupa del caso.
“Las actividades de las oficinas de Navalny y del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) fueron suspendidas de inmediato”, escribió en Twitter Ivan Jdanov, director de FBK.
Jdanov acompañó su tuit de fotografías de esta decisión adoptada a la espera de un juicio que podría prohibir de manera definitiva las actividades del grupo.
“Simplemente gritan: tenemos miedo de sus actividades, tenemos miedo de sus manifestaciones, tenemos miedos de sus consignas de voto”, agregó.
De su lado, la oficina de Navalny en Moscú indicó en Telegram que ya no podía “trabajar bajo el viejo formato”, a raíz de esta decisión judicial.
“Sería demasiado peligroso para nuestros empleados y para nuestros seguidores”, afirmó, prometiendo que “continuarán a título personal luchando contra le corrupción”, contra el partido en el poder Rusia Unida y contra el presidente Vladimir Putin.
“No será fácil luchar, pero ganaremos de manera absoluta, porque somos muchos y somos fuertes”, señaló la oficina moscovita del opositor.
En la primera reacción de Occidente ante esta decisión judicial contra Navalny, el gobierno alemán calificó la medida de “incompatible” con el Estado de derecho.
Amenaza de prisión
La fiscalía rusa pidió a mediados de abril calificar de “extremistas” a las organizaciones vinculadas con Navalny, lo que llevaría a su prohibición en Rusia y significaría duras penas de prisión para los colaboradores y seguidores del opositor.
La fiscalía acusa a estas organizaciones de buscar “crear las condiciones de la desestabilización de la situación social y sociopolítica” en Rusia, “encubriéndose en eslóganes liberales”.
“Los objetivos reales de sus actividades son crear las condiciones para cambiar los fundamentos del orden constitucional”, estimó la fiscalía el 16 de abril.
El término “extremismo” tiene una definición muy amplia en la ley rusa, lo que permite a las autoridades luchar contra organizaciones de oposición, grupos racistas o terroristas, así como contra movimientos religiosos como los Testigos de Jehova.
El Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalny realizó en enero pasado su investigación más importante en la que acusó al presidente Putin de tener un opulento “palacio” al borde del mar Negro. El video fue visto más de 11 millones de veces en YouTube y obligó a Putin a desmentir en persona la acusación.
A principios de abril, un tribunal ruso condenó a dos años de prisión efectiva a un colaborador de Navalny que trabajaba para el FBK, Pavel Zelenski, por la publicación de dos tuits en los que criticaba con violencia a las autoridades y que fueron juzgados como “extremistas”.
Los locales de las organizaciones de Navalny y los domicilios de sus colaboradores fueron objeto de operativos policiales en varias ocasiones en los últimos años. La oposición denunció una persecución judicial destinada a hacerla callar.
