El rey emérito Juan Carlos I de España, que en agosto se marchó a Emiratos Árabes Unidos por las sospechas sobre el origen opaco de su fortuna, pagó más de cuatro millones de euros al fisco español, indicó este jueves el diario El País.

Este monto corresponde a impuestos atrasados por el valor que recibió en vuelos por parte de una empresa de jets privados hasta 2018 y que no declaró, según el rotativo, que cita fuentes anónimas conocedoras de la operación.

En diciembre, el exsoberano de 83 años ya regularizó de manera voluntaria una deuda de 680.000 euros (unos 820.000 dólares) con el fisco español.

La regularización estaba relacionada con una investigación en curso sobre corrupción a través del uso de tarjetas de crédito, que el fiscal general español confirmó en enero.

La investigación busca esclarecer si el Juan Carlos I usó tarjetas vinculadas a cuentas no registradas a su nombre, lo que podría constituir un posible delito de lavado de dinero.

Si se probaran los hechos, el rey emérito podría ser procesado ya que el movimiento de fondos y el uso de las tarjetas de crédito ocurrió después de su abdicación, en junio de 2014.

Su abogado Javier Sánchez-Junco, que anunció el acuerdo fiscal de diciembre, no pudo ser localizado por la AFP este jueves para confirmar las informaciones sobre la segunda regularización.

Las finanzas del rey emérito están siendo investigadas en otros dos casos, uno de ellos vinculado a un contrato de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita, ganado por un consorcio de empresas españolas.

El tercer dossier es sobre un presunto blanqueo de capitales, ligado, según la prensa española, a una estructura opaca con millones de euros radicada en la isla británica de Jersey.

Juan Carlos I no ha sido acusado de ningún delito y sus abogados han dicho que volvería a España si fuera necesario por cuestiones legales.

El constante goteo de revelaciones sobre la vida amorosa y el fastuoso estilo de vida del jefe de Estado español entre 1975 y 2014, combinado a la condena en 2018 de su yerno por corrupción, ha salpicado la imagen de la monarquía española.

En 2020, y ante la multiplicación de indicios de que don Juan Carlos ocultaba una fortuna opaca en el extranjero, el actual rey Felipe VI renunció a la herencia económica de su padre y le retiró su asignación anual, estimada en más de 194.000 euros.