Las autoridades rusas intentaban, este jueves, obstaculizar las convocatorias a manifestaciones contra el gobierno impulsadas por el éxito cosechado por una investigación del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, que acusa de corrupción al presidente Vladimir Putin.
Difundida el martes, esta extensa investigación, acompañada por un video de casi dos horas, con cerca de 40 millones de visitas en YouTube en sólo dos días, acusa al presidente ruso de beneficiarse a través de testaferros para construir una opulenta residencia a orillas del mar Negro.
El Kremlin rechaza todas estas afirmaciones, denunciando un “ataque” contra Putin y calificando de “farsantes” a los miembros del equipo de Navalni.
Pero, este video alimentó a miles de publicaciones en las redes sociales apoyando la convocatoria a manifestaciones a nivel nacional, el sábado, pidiendo la liberación de Navalny. Éstas no están permitidas por las autoridades. Los jóvenes se han movilizado sobre todo en la plataforma Tik Tok.
El equipo de Navalny informó a la Agence France-Presse que había recibido casi 10 millones de rublos (unos 100 millones de pesos) en donaciones.
El opositor, ignorado por los medios de comunicación nacionales tradicionales, tiene una gran popularidad y audiencia en línea entre las generaciones más jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades.
En Moscú ya congregó grandes multitudes antes de unas controvertidas elecciones locales en 2019.
“Actividades ilegales”
Frente a los anuncios de movilizaciones el sábado, la fiscalía general rusa reaccionó este jueves anunciando que prepara medidas para “limitar el acceso a informaciones ilegales” publicadas en línea, consideradas “llamados a participar en acciones ilegales masivas el 23 de enero de 2021”.
Por su parte, el ministerio del Interior afirmó estar preparado para “proteger el orden público”, el sábado, y prometió hacer procesar a los autores de los llamados a manifestarse.
La víspera, el gendarme ruso de telecomunicaciones, Roskomnadzor, envió una advertencia a las plataformas Tik Tok y Vkontakte, símil ruso de Facebook, para que bloqueen contenidos que sean considerados llamados a “menores a participar en actividades ilegales”.
El Kremlin también advirtió contra las manifestaciones, que serán consideradas “actividades ilegales”.
Los medios de información opositores revelaron que los estudiantes rusos recibieron mensajes de sus universidades intentando disuadirlos de participar en estas protestas.
Tras su detención el domingo, a su retorno de Alemania, Navalny convocó a manifestarse contra el poder en todo el país.
Su equipo prevé mítines en al menos 65 ciudades, desde Moscú, pasando por San Petersburgo, hasta Jabarovsk en el extremo oriente ruso y Ekaterimburgo, en los Urales.
En este contexto, lanzó su video sobre la enorme propiedad que, según él, tiene Putin y cuya construcción habría costado más de 1.000 millones de euros (algo más de 860 mil millones de pesos).
Navalni señala que además de un enorme palacio, hay viñedos, una instalación para practicar hockey sobre hielo y un casino.
El sitio habría sido financiado, según el opositor, por miembros del entorno del presidente, como el jefe del gigante petrolero Rosneft, Igor Sechin, y el empresario Gennadi Timchenko.
Alexei Navalny, cuya liberación exigen la UE y Estados Unidos, fue arrestado cuando regresaba después de varios meses de convalecencia tras la sospecha de un envenenamiento sufrido en Siberia en agosto.
El detenido acusa al Kremlin de ser responsable, lo que Moscú rechaza, al no reconocer evidencias de un crimen cometido contra él y en cambio denunciar un complot que involucra a Occidente.
El principal opositor ruso, arrestado al menos hasta el 15 de febrero, también enfrenta varios juicios por “difamación”, “fraude”, o por violación de las condiciones de una pena de prisión en suspenso, que data de 2014.
Según Navalny, estos casos son materia de un ensañamiento y acoso judicial y tienen sobre todo carácter político.