La fiscalía del Tribunal Supremo español investigará si existe responsabilidad penal del rey emérito Juan Carlos en una trama de presuntas comisiones por un contrato en Arabia Saudita, que alimenta las sospechas de una fortuna opaca del antiguo monarca.

Desde 2018, la justicia investiga estos hechos ocurridos en 2011 pero el Triunal Supremo es el único que puede indagar las acciones del monarca y solamente a partir de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado.

La fiscalía del alto tribunal explica que asume la causa porque Juan Carlos I, de 82 años y retirado en 2019 de la vida pública, es “una de las personas involucradas en los hechos investigados” y son necesarias “nuevas diligencias que afectan directamente” a su figura.

“Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad”, añade en un comunicado.

La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que aseguraba que Juan Carlos I había cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina a un consorcio de empresas españolas.

“Se trataría de un posible delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales”, había señalado entonces la fiscalía.

En España se le atribuyó al rey un papel decisivo en la atribución en 2011 de ese contrato de 6.700 millones de euros (unos 7.500 millones de dólares) al consorcio español para construir la línea ferroviaria en medio del desierto, finalmente inaugurada en 2018.

El partido de izquierda radical Podemos, actualmente en el gobierno dirigido por el socialista Pedro Sánchez, advirtió que intentarán hacer una investigación parlamentaria del caso, que ha sido rechazada anteriormente.

“No es soportable en un país moderno como España que la corona pueda ser una pantalla para enriquecerse y delinquir”, tuiteó su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique.
embros del ejecutivo o los diputados del Congreso.