El gobierno español defendió este martes la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid, celebrada en plena expansión de la epidemia de coronavirus, tras un ruidoso informe de la Guardia Civil criticando la decisión de autorizarla.

La polémica ha puesto en el ojo del huracán al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien cesó al supervisor de dicho informe. El Partido Popular (PP), principal formación de la oposición conservadora, ha pedido la dimisión del ministro.

El culebrón tiene su origen en la investigación abierta por un juzgado de instrucción de Madrid, a raíz de la denuncia de un particular sobre la gestión de una pandemia que ha causado más de 27.000 muertos en España, uno de los países del mundo con más fallecidos por millón de habitantes.

Dicho juzgado ha convocado a declarar el 5 de junio al delegado del gobierno español en la región de Madrid, el socialista José Manuel Franco.

Se le sospecha de un delito de prevaricación administrativa, después de un demoledor informe presentado a la jueza instructora por la Guardia Civil, que critica al equipo de Franco, competente a la hora de autorizar manifestaciones.

El informe del instituto armado, al que tuvo acceso la Agence France-Presse, asevera que la delegación del gobierno “tenía conciencia del peligro que suponía” manifestarse antes del 14 de marzo, cuando el ejecutivo español dictó el confinamiento de la población para frenar la epidemia.

La Guardia Civil incide en que ya el 6 de marzo, varias manifestaciones pequeñas previstas en fechas posteriores fueron desconvocadas por sus organizadores, alegando motivos sanitarios.

El informe critica también al jefe del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón, por no desaconsejar la manifestación, y sí advertir, en una reunión privada con un responsable de la comunidad evangélica española el mismo 6 de marzo, que “bajo ningún concepto” se podía celebrar un congreso previsto más adelante, con participación de fieles de otros países.

Pese a todo ello, se celebró una multitudinaria manifestación el 8 de marzo en Madrid con motivo del Día de la Mujer, a la que asistieron numerosos miembros del ejecutivo de Pedro Sánchez, que tiene en el feminismo una de sus principales banderas ideológicas. Tres ministras enfermaron tras aquella marcha.

Fernando Simón barrió las acusaciones, diciendo ante la prensa que el impacto de aquel acto en la epidemia fue “marginal”, en un fin de semana en el que también hubo en la capital un partido de fútbol, una circulación normal en el metro y un mitin del partido de extrema derecha Vox.

Simón añadió que el aumento de casos observado el 9 de marzo “no es achacable al fin de semana del 7 y 8” de ese mes, sino a finales de febrero, teniendo en cuenta el período de incubación de la enfermedad.

El ministro se defiende

Al tiempo que trascendió el informe, el ministro Grande-Marlaska cesó el lunes al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

“El poder ejecutivo no puede presionar de esa manera”, dijo a AFP José Cobo, de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), quien sospecha que el ministro tuvo conocimiento del informe y cesó en consecuencia al coronel.

“Un miembro del gobierno no puede preguntarle a la Guardia Civil o a un juez cómo van las investigaciones”, insistió el representante, añadiendo que en sus diligencias, el instituto armado “depende de los jueces”.

En una rueda de prensa, Grande-Marlaska, ex juez antiterrorista, echó balones fuera, aseverando que la destitución de Pérez de los Cobos forma parte de la renovación prevista en el cuerpo, y que por otro lado no tuvo acceso al informe que la Guardia Civil envió a la jueza bajo la autoridad de este coronel.