El brutal asesinato a Ingrid Escamilla y la posterior revictimización, al difundirse en redes sociales y medios de comunicación las imágenes de su cuerpo, ha generado indignación en la sociedad y furia en los colectivos feministas, que critican la inacción del Estado para luchar contra la violencia de género.

Si un usuario de Twitter busca “Ingrid Escamilla”, lo que encontrará son imágenes de paisajes soleados, campos silvestres, flores, atardeceres en la playa; cualquier escenario que relacione a Ingrid con algo bello, que la dignifique, y no con las imágenes de su feminicidio (o femicidio como se tipifica en Chile), filtradas por alguna autoridad de la Fiscalía de la Ciudad de México.

El de esta mujer de 25 años es un feminicidio que se suma a los 976 que se registraron en 2019 en México, según cifras oficiales –un aumento del 10% respecto de los 891 reportados en 2018–, pero que trascendió por la saña con la que se cometió el crimen y el posterior tratamiento del caso por parte de las autoridades judiciales y los medios de comunicación. El asesinato ha sacudido de manera particular a la sociedad mexicana.

Su esposo, Erik Francisco, de 46 años, la asesinó y después mutiló su cadáver. Las imágenes del atroz hecho no solo circularon en redes sociales, sino que algunos periódicos de corte amarillista las publicaron en sus portadas.

El repudio tocó fondo. A la par de la iniciativa de inundar las plataformas sociales con fotos de paisajes agradables, para que se relacionen con la búsqueda de ‘Ingrid Escamilla‘, la indignación tiene cauce por la vía de la ira.

La mañana del viernes 14 de febrero, medio centenar de mujeres con el rostro cubierto con capuchas irrumpió en Palacio Nacional con el grito enardecido de “¡Ni una más!”. Las manifestantes, de diversos colectivos feministas, arrojaron globos con pintura rosa a las puertas marianas del recinto y realizaron pintas en el inmueble con leyendas como “Estado feminicida”.

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El reclamo en Palacio tenía un motivo adicional, y es que la víspera, el presidente Andrés Manuel López Obrador desató irritación y una cascada de críticas en redes sociales cuando, visiblemente molesto, intentó frenar los cuestionamientos ante la propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, de eliminar el tipo penal de feminicidio por considerar que obstaculizaba la judicialización de los casos. Que era mejor, planteó Gertz, considerar el delito de homicidio como tal, con su agravante de feminicidio, así como existe el parricidio y el infanticidio.

A juicio del presidente, se había malinterpretado el planteamiento del titular de la FGR. “Se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios”, criticó López Obrador.

Y como su intención era seguir hablando de la rifa del avión presidencial, que en realidad ya no es tal, sino un sorteo de lotería con un premio equivalente en dinero al valor de la aeronave, se exasperó porque el foco de la conferencia mañanera estaba siendo el tema de los asesinatos de mujeres por el solo hecho de serlo. “No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. Ya está claro”, atajó.

Grupos de feministas consideraron esa postura del mandatario como una clara falta de sensibilidad y eso fue también lo que motivó los reclamos de ese viernes, que no terminaron con lo ocurrido en Palacio, pues por la tarde las protestas subieron de tono. Decenas de mujeres encapuchadas marcharon hacia las instalaciones del periódico ‘La Prensa’ y destrozaron y prendieron fuego a cinco camiones repartidores de esa casa editorial para exigir una disculpa pública de los directivos por haber publicado las fotografías del cuerpo de Ingrid.

Los actos derivaron en un choque con policías, que rociaron gas lacrimógeno a las inconformes, lo que dejó a varias mujeres afectadas.

En tanto, las autoridades de la Fiscalía capitalina aseguraron que investigarían y sancionarían la filtración de las imágenes. Colectivos de la sociedad civil firmaron una carta abierta para que se sancione la revictimización.

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Hay “un patrón de total negligencia y falta de trabajo en los protocolos”

La conmoción que generó en la sociedad este crimen no quiere decir que la brutalidad y la saña sean excepcionales en el asesinato de mujeres. La investigadora María Salguero, creadora del Mapa de feminicidios en México, comenta que en su revisión ha visto casos de mujeres con “90 puñaladas, o 117 puñaladas, o sea ya te hablan de una saña y de un odio de querer reducir al mínimo, hasta después de muertas, los cuerpos”.

En entrevista con France 24, Salguero advierte que tampoco la mutilación en un feminicidio es algo aislado. La investigadora asegura que la filtración de las fotos de Ingrid tuvo que haber salido de los propios policías de investigación, pues “no son fotos de un perito, fueron tomadas con un celular. Es una revictimización desde los agentes del Estado”, deplora.

Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, coincide en que la saña en feminicidios como el de Ingrid no es excepcional. “Está en los parámetros de cómo se da este tipo de asesinatos de mujeres. Y tampoco es excepcional la ruta. Ocho de cada diez feminicidios los comete una persona cercana a la víctima, que puede ser desde sus familiares, sus parejas o esposos y gente con las que comparte el techo”, resalta Ramírez. El caso de Ingrid, dice en entrevista con France 24, encuadra en la lógica de estos patrones.

Sobre la divulgación de las imágenes, señala que en al menos cuatro de cada 10 feminicidios hay filtración de información. Y apunta a la actuación de los primeros respondientes, que en este caso es la policía, quienes acudieron al llamado. Ahí, advierte, hay “un patrón de total negligencia y falta de trabajo en los protocolos”.

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El menor testigo, doblemente vulnerado

Un detalle que ha pasado por alto en el macabro crimen es que un niño, hijo del feminicida, presenció la escena. Es así el único testigo presencial del asesinato pero a la vez otra víctima. Se trata, explica Ramírez, de “una doble vulnerabilidad porque es un adolescente (15 años) con una discapacidad psicosocial (autismo) (…) Un adolescente, y más con discapacidad, tiene pocos elementos para elaborar los duelos y lo que está pasando”.

Nashieli Ramírez comenta que si bien es un avance que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX presentara el 14 de febrero una iniciativa de ley para sancionar, de manera ejemplar, la difusión de imágenes de personas víctimas de algún delito, ya la Comisión de Derechos Humanos había presentado anteriormente por lo menos dos recomendaciones por filtración de información, por lo que “se podrían haber hecho cosas desde antes”.

El caso de Ingrid Escamilla, señala la defensora de derechos humanos, volvió a reactivar la necesidad de que los cambios en política pública se aceleren. La complejidad radica en que involucra muchos procedimientos de procuración de Justicia, pero además –advierte– no debemos dejar de lado los procesos culturales que se tienen que ajustar, pues si se comercializan ese tipo de imágenes es porque existe un consumo de las mismas.