Cataluña se preparaba este martes para una nueva jornada de indignación después de que miles de militantes independentistas asediaran el aeropuerto de Barcelona para denunciar la condena de sus dirigentes a altas penas de cárcel por el Tribunal Supremo español.
El martes, algunas carreteras y vías férreas fueron nuevamente cortadas por los manifestantes, a la espera de nuevas instrucciones de la misteriosa organización “Tsunami democrático” que en la víspera había llamado a bloquear el aeropuerto.
“Un nuevo Hong Kong”
Algunos de los activistas se habían tomado vacaciones para manifestarse, como Carles Navarro, un consultor de 49 años.
“Hacemos esto para causar la máxima molestia posible, que afecte a todo el mundo, a ver si se dan cuenta y se implican” en el conflicto, explicó desde el aeropuerto.
Queriendo imitar a los manifestantes prodemocracia de Hong Kong, los independentistas acudieron en vehículo, transporte público o a pie para bloquear hasta bien entrada la noche los accesos a la terminal.
Durante horas se enzarzaron contra la policía que custodiaba el aeropuerto, que cargó en numerosas ocasiones contra ellos e hizo uso de balas de goma y de foam.
El eslógan ya circula por las redes sociales: “Hagamos de Cataluña un nuevo Hong Kong”.
Más de cien vuelos fueron anulados, muchos viajeros no pudieron llegar y cientos se quedaron varados en la terminal toda la noche, según el gestor aeroportuario AENA.
Otra cuarentena de vuelos fueron anulados para el martes sobre el millar previstos.
Durante las trifulcas del lunes, 131 personas recibieron asistencia médica, 115 en el aeropuerto y el resto en otras protestas por la región.
La movilización continúa con huelgas estudiantiles y varias marchas masivas por el territorio a partir del miércoles que deben converger el viernes en Barcelona, organizadas por las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural.
Este mismo martes por la tarde, ambas entidades llamaron a manifestarse con velas frente a las delegaciones del gobierno español en las principales ciudades de la región.
Impulsoras de las masivas protestas de los últimos años, el exlíder de ANC, Jordi Sánchez, y el todavía presidente de Omnium, Jordi Cuixart, estaban entre los nueve independentistas condenados el lunes por sedición por el intento de secesión de Cataluña en 2017.
Horizonte de semilibertad
Los jueces decretaron para ellos nueve años de cárcel. Dos antiguos consejeros (ministros regionales) recibieron 10 años; la expresidenta del Parlamento regional, 11 años, y otros dos exconsejeros, 12 años y medio por sedición agravada por malversación de fondos.
La peor parte se la llevó el ex número dos del gobierno separatista, Oriol Junqueras, con 13 años por sedición y malversación.
Tras la condena, la fiscalía lanzó una nueva orden de arresto basada en esos mismos delitos contra el presidente regional Carles Puigdemont que huyó a Bélgica después del intento de secesión.
Los siete jueces del Supremo consideraron que habían sublevado a la población para impedir el acatamiento de las decisiones judiciales y la aplicación de la ley cuando organizaron un referéndum de autodeterminación prohibido el 1 de octubre de 2017, seguido por una baldía declaración de secesión.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez, que prepara las elecciones legislativas del 10 de noviembre, muestra firmeza ante los separatistas.
Las condenas serán cumplidas íntegramente, insistió Sánchez tras saberse la decisión. Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió este martes que su gobierno no contempla “indulto alguno”.
La ley prevé, sin embargo, la posibilidad de acordar permisos de salida en unos meses para los dos activistas.
La decisión está en manos de la administración penitenciaria que, en Cataluña, depende del gobierno regional, en manos de los separatistas.