El Departamento de Justicia estadounidense ha acusado a Julian Assange de conspirar para infiltrarse en una computadora del Gobierno que contenía documentos clasificados. Esta es la acusación contra el fundador de WikiLeaks presentada el año pasado en un tribunal en Virginia. Sin embargo, en el documento no se le acusa de haber publicado la información clasificada.
Ya se sabía que Estados Unidos estaba preparando una acusación contra Assange. Pero los detalles sólo se hicieron públicos después de que el fundador de WikiLeaks fuera arrestado en la embajada ecuatoriana en Londres.
Ruta más segura
Expertos en derecho dicen que fue una decisión prudente de la oficina del fiscal general acusar a Assange del cargo de conspiración para piratear una computadora del gobierno. Si Estados Unidos hubiera hecho una acusación más amplia de espionaje, centrada en la publicación de información confidencial, probablemente se habría interpretado como un ataque directo a la libertad de prensa consagrada en la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.
“Esto distingue la obtención ilegal de información por parte de los ‘hackers’ de la publicación de información protegida por la Constitución”, dice Frederick Schauer, profesor de derecho especializado en cuestiones de libertad de expresión en la Universidad de Virginia. “Esta parece, desde el punto de vista del Gobierno, una forma constitucionalmente más segura de proceder.”
Según Schauer, a diferencia de muchos otros países, publicar información obtenida ilegalmente en los EEUU no sólo está protegido por la ley, sino garantizado por la Constitución. Pero el acto de obtener esta información, por ejemplo, a través del robo o la piratería informática, es un delito.
En la acusación, el gobierno de Estados Unidos alega que “Assange ayudó a decodificar una contraseña almacenada en computadoras del Departamento de Defensa de Estados Unidos conectadas a la Red de Protocolo de Encaminamiento por Internet Secreta (SIPRnet), una red del gobierno de Estados Unidos utilizada para documentos y comunicaciones confidenciales. Si es condenado, Assange enfrenta hasta cinco años de prisión.
“Creo que fue una decisión estratégica del gobierno no tratar de procesar nada relacionado con la publicación”, dice Schauer.
“Seguirá habiendo gente que hable de la Primera Enmienda y de la libertad de prensa, pero al menos bajo la doctrina constitucional existente, la distinción entre la obtención ilegal y la publicación subsiguiente está clara.”
Prácticas periodísticas legítimas
Una de estas personas preocupadas por la libertad de prensa es Jameel Jaffer, director del Instituto Knight First Anmendment de la Universidad de Columbia. Advierte sobre la importancia de que el núcleo de la acusación se ocupe del supuesto pirateo de una computadora del gobierno y no de la publicación de información confidencial.
Pero, según Jaffer, “la acusación involucra inevitablemente una serie de actividades que no sólo son legales, sino esenciales para la libertad de prensa, tales como el cultivo de fuentes y la comunicación segura con las fuentes”.
La acusación detalla cómo Assange supuestamente se comunicó con sus asociados, incluyendo a Chelsea Manning, la ex militar arrestada por acceder y revelar información clasificada que derivó en el escándalo conocido como Cablegate. Assange y Manning utilizaron un servicio de chat, y se transmitían los documentos secretos mediante servicios en la nube.
“Parece bastante claro que el propósito de la acusación es ligar estas actividades periodísticas totalmente legítimas con este supuesto pirateo ilegal de la base de datos del gobierno”, dice Jaffer. “Así que yo diría que es un alivio para la fiscalía centrarse el pirateo de una base de datos del Gobierno, pero es bastante preocupante que la denuncia esté escrita de manera tan amplia y caracterice toda esta actividad periodística totalmente legítima como parte de una conspiración criminal”.
Efecto disuasorio
Además, según Jaffer, es posible que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente cargos adicionales contra Assange en algún momento en el futuro. Por esta razón, y porque este gobierno tiene una visión hostil de los medios de comunicación en general y del periodismo en torno a la Seguridad Nacional en particular, es importante observar de cerca el tratamiento que el Departamento de Justicia da al caso Assange.
“Es ciertamente posible que la acusación del gobierno pueda tener un efecto disuasivo sobre el periodismo”, dice Jaffer.