El fiscal general del Estado español sugirió este lunes que arrestar al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, decidido a llevar a cabo un referéndum de autodeterminación prohibido por la Justicia, seguía siendo una opción, aunque de momento no se plantea.

“Legalmente, se podrían dar los requisitos […]” para su arresto, afirmó José Manuel Maza a la radio Onda Cero. “Es una decisión que siempre queda ahí abierta pero que de momento no hemos considerado que deba hacerse”, agregó, al ser preguntado al respecto.

La fiscalía solicitó que se abran diligencias contra Puigdemont y contra los miembros de su gobierno, a quienes acusa de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Este último cargo podría conllevar penas de cárcel y podría justificar que la fiscalía solicite su detención, precisó José Manuel Maza.

La fiscalía general del Estado ya amenazó con arrestar a los cerca de 700 alcaldes catalanes que se declararon dispuestos a celebrar el referéndum, en el marco de una ofensiva de las instituciones españolas para impedir la consulta.

Este lunes, la policía anunció que había convocado a 17 personas sospechosas de desobediencia por haber desarrollado páginas web dedicadas al referéndum, que las autoridades españolas tratan de cerrar.

Carles Puigdemont ha divulgado en Twitter varios vínculos a copias de esas páginas, en las que se indican los lugares de votación.

El gobierno central ha recalcado que el referéndum, que fue convocado el 6 de septiembre y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, no tendrá lugar.

Millones de papeletas fueron incautadas, y altos funcionarios catalanes arrestados.

Los dirigentes independentistas de Cataluña han hecho oídos sordos a las amenazas de sanciones provenientes de Madrid, destacando el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Si ganara el ‘sí’, el gobierno catalán asegura que proclamará la independencia de su región, en el noreste de España, que cuenta con una lengua y una cultura propias.

Sin embargo, la cuestión ha dividido profundamente a la sociedad catalana: según el instituto de sondeos dependiente del Gobierno autonómico, en junio, el 41,1% de los catalanes estaba a favor de que su región se convirtiera en un Estado independiente y el 49,9%, en contra.