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Este viernes, una jueza federal ordenó al Gobierno de Estados Unidos (EEUU), liderado por el presidente Donald Trump, repatriar antes del lunes a un hombre que fue deportado por “error” a El Salvador a mediados de marzo.

En concreto, la magistrada Paula Xinis, del Tribunal de Distrito de Maryland, ordenó a la Administración Trump devolver a Kilmar Abrego-García, ciudadano salvadoreño que se encontraba viviendo legalmente en EEUU, a territorio estadounidense antes del 7 de abril, máximo a las 23:59 horas de ese día, consigna CNN.

El hombre fue enviado de regreso al país centroamericano el pasado 15 de marzo, en el marco de una controvertida deportación sumaria que afectó también a más de 200 venezolanos. Todos fueron ingresados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), conocida como la megacárcel del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Fue a inicios de esta semana que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) admitió que, por “un error administrativo”, expulsó a Abrego-García.

No obstante, la Administración Trump comunicó entonces que, al no estar Abrego-García bajo custodia estadounidense, no es posible cursar una orden para que sea retornado a EEUU, recogió The New York Times.

“Este caso es ciertamente importante para Abrego-García y su familia (…). En reconocimiento de eso, siento que no puedo esperar para dictar mi orden“, dijo la magistrada Xinis.

EEUU deportó a hombre “sin fundamento legal” a El Salvador

Según los abogados de Abrego-García, residente en el condado de Prince George en Maryland, en 2019 un informante aseguró que era miembro de la banda criminal MS-13 (Mara Salvatrucha). Si bien inicialmente se decretó que podía ser deportado, tras solicitar asilo un juez concedió una suspensión de dicha orden.

Así las cosas, Abrego-García se encontraba legalmente en Estados Unidos y contaba con un permiso para trabajar, según los documentos judiciales.

Ante ello, la jueza Xinis subrayó que el hombre fue deportado a El Salvador “sin fundamento” y “sin justificación legal”.

“Cuando alguien es acusado de pertenecer a una organización tan violenta y depredadora, se presenta mediante una acusación formal, una denuncia y un proceso penal riguroso”, advirtió.

En tanto, “el gobierno optó por no presentar pruebas” pruebas adicionales a las ya presentadas en torno al caso, afirmó ante la magistrada el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni.

Cabe precisar que diversas organizaciones de derechos civiles han cuestionado la falta de garantías, así como la legalidad bajo las cuales la Administración Trump ha realizado los vuelos de deportaciones.

A esto se suma la orden de un juez federal que ordenó la paralización de los mismos, debido a las dudas que existencia sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, normativa del siglo XVIII -y usada en tiempos de guerra- invocada por Trump para acelerar los vuelos de deportación masiva.