Un gran jurado de EE.UU acusó al ex congresista de Florida David Rivera de un plan para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, en inglés) y blanquear fondos para ocultar una trama que buscaba ayudar al empresario venezolano prófugo Raúl Gorrín, informó este miércoles la Fiscalía.
Entre junio de 2019 y abril de 2020, Rivera llevó a cabo un plan para brindar servicios de consultoría y cabildeo a Gorrín, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en enero de 2019 y enfrenta cargos criminales en el país.
A Rivera lo acusaron «de actuar como agente no registrado de un ciudadano venezolano» y, presuntamente, recibir más de 5 millones de dólares por sus esfuerzos para presionar a funcionarios del Gobierno de EE.UU. y blanquear fondos de origen delictivo.
Gorrín, de 56 años y dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, fue agregado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) en 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés).
En nombre de Gorrín, Rivera intentó presionar a funcionarios del Gobierno estadounidense, incluido un alto oficial del Poder Ejecutivo, que la Fiscalía no identifica, para que el venezolano fuera eliminado de la Lista SDN.
El excongresista republicano, de 59 años, “recibió más de 5,5 millones por estas actividades y deliberadamente no se registró bajo FARA, como lo exige la ley”.
Excongresista de EE.UU habría creado empresas fantasma
Según la Fiscalía, Rivera creó empresas fantasma fraudulentas para ocultar y promover sus actividades delictivas.
Utilizó nombres asociados con un bufete de abogados y con un funcionario gubernamental para dar la falsa apariencia de que las empresas fantasma eran legítimas, detalla un comunicado de la Fiscalía.
La demanda precisa que el funcionario ni el bufete “sabían que Rivera había creado empresas fantasma a su nombre”.
«Rivera utilizó el dinero que recibió de sus actividades delictivas para pagar a personas que lo ayudaron en sus esfuerzos por presionar a altos funcionarios del gobierno en nombre de Gorrín, incluso haciendo pagos a través de una de las empresas fantasma», según la Fiscalía.
En octubre pasado, a Gorrín lo acusaron de lavado de 1,2 millones de dólares obtenidos de manera corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos, según la Fiscalía.
El venezolano ya se le acusó en agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), otro de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve más de lavado de dinero.