Un ciudadano chileno que vive como ilegal en Estados Unidos fue acusado de disparar a su novia y a sus dos hijos adolescentes, uno de los cuales murió, en Somers, un pueblo ubicado en el condado de Westchester, estado de Nueva York.
Según detallan medios norteamericanos como el New York Post (NYP), se trata de Fernando Andrés Jiménez Meza, de 40 años, quien el pasado lunes realizó un triple tiroteo al abrir fuego contra su pareja, Christina Raimondi, y sus dos hijos de 14 y 16 años, siendo este último el que perdió la vida.
Luego de realizar el ataque en la casa en que vivían, Jiménez protagonizó una persecución masiva que terminó cuando fue capturado por la Policía en el condado de Putnam.
El menor que sobrevivió se encuentra en estado crítico, informó Westchester Hispano, en tanto que la madre está estable.
Jiménez fue acusado la noche del martes de homicidio en segundo grado, intento de homicidio en segundo grado y un cargo de armas. De ser declarado culpable, podría enfrentar la cadena perpetua.
Citando a fuentes federales, el NYP detalló que el chileno había sido deportado de EE.UU en agosto de 2004, oportunidad en la que afirmó ser un nativo de México llamado Erik Meléndez-Arellano.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó que en esa ocasión fue deportado voluntariamente a territorio mexicano.
Pese a que no se tiene certeza respecto a cuando volvió a entrar a EE.UU, fue arrestado en septiembre de 2018 por conducir en estado de ebriedad, siendo liberado tras pagar una multa de 500 dólares. No está claro si las autoridades estadounidenses sabían que el chileno se encontraba ilegalmente en ese momento. Ese mismo año también fue acusado de agresión aunque el caso fue cerrado, por lo que no se conocen mayores detalles.
Políticos locales han culpado al estatus de “santuario de inmigración” del estado por permitir que Jiménez permaneciera en EE.UU pese a sus problemas previos con la ley.
Tal como recoge Info Digna, una ciudad santuario es un lugar que cuenta con políticas diseñadas para limitar la colaboración o el involucramiento en la aplicación de las leyes de inmigración por parte de autoridades federales.
De esta manera, los migrantes se ven beneficiados ante una posible deportación o detención por parte de las autoridades migratorias.