La Gobernación del estado de Florida no confirmó ni desmintió que tenga algo que ver con el viaje desde la frontera con México hasta California de 16 inmigrantes colombianos y venezolanos.

La Gobernación de Florida no confirmó ni desmintió por ahora que tenga algo que ver con el viaje desde la frontera con México hasta California de 16 inmigrantes colombianos y venezolanos que fueron dejados el viernes frente a una iglesia católica en Sacramento, y al que le ha seguido un segundo vuelo este lunes, según informan medios locales.

El fiscal general californiano, Rob Bonta, dijo en una declaración de la que se hacen eco los medios de Florida este lunes que el caso está bajo investigación, pero ya han podido confirmar que los 16 inmigrantes tenían documentación que parece relacionarlos con la Administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Este mismo lunes, Tara Gallegos, portavoz de la oficina del fiscal estatal, dio cuenta de un segundo vuelo que llegó a Sacramento, la capital estatal, en esta ocasión con una veintena de indocumentados cuyas nacionalidades no han trascendido por el momento, tal como reporta la cadena NBC.

DeSantis no se ha pronunciado hasta ahora ni en sus redes sociales ni por medio de un comunicado o declaración de sus portavoces.

Quien sí lo ha hecho ha sido la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, quien señaló este lunes que este “cruel e inhumano” traslado de inmigrantes a California constituye “otro ejemplo más de las políticas de inmigración draconianas de Ron” DeSantis y que “bajo ninguna circunstancia los floridanos deberían pagar la factura de esto”.

“Estos vuelos de migrantes están en el límite del tráfico de personas, y todos los involucrados deberían avergonzarse de sí mismos. Las personas vulnerables están siendo coaccionadas y engañadas para participar en estos programas sin saber que no hay un plan sobre cómo cuidarlas”, manifestó Fried.

Si llegara a confirmarse alguno de los dos traslados, se trataría de un caso similar al de medio centenar de inmigrantes, venezolanos en su mayoría, llevados desde Texas a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en septiembre pasado en virtud de un programa de la Gobernación de Florida para la reubicación de indocumentados.

La Oficina del Alguacil del Condado de Bexar, en Texas, presentó una recomendación de cargos penales contra DeSantis ante la Oficina del Fiscal de Distrito del mencionado condado, con respecto al incidente del 14 de septiembre de 2022 en el que 49 migrantes fueron trasladados en avión a Martha’s Vineyard, según dio a conocer hoy el Miami Herald.

Ese caso es objeto de una demanda judicial contra DeSantis presentada en nombre de los afectados por Abogados por los Derechos Civiles (LCR), organización que ya envió a Sacramento un equipo para investigar si el gobernador “ha vuelto a atacar”, según un mensaje enviado a EFE.

Aparentemente, estos 16 migrantes de Colombia y Venezuela volaron a Sacramento en vuelos que parecen haber sido financiados por el Estado de Florida, dice LCR.

Como fue el caso en Martha’s Vineyard, no se avisó con antelación a ninguna agencia de servicios sociales del viaje. Los migrantes simplemente fueron abandonados afuera de una iglesia en Sacramento, agrega la organización de derechos civiles.

“Estamos investigando este último incidente para determinar si, al igual que nuestros clientes de Martha’s Vineyard, se mintió y engañó a estos inmigrantes más recientes para inducirlos a viajar”, dijo LCR.

Además, LCR está ofreciendo asistencia legal a los que están ayudando a los migrantes.

La Alcaldía de Sacramento y la Gobernación de California, según un comunicado del gobernador californiano, Gavon Newson, están trabajando juntas para “asegurarse de que las personas que han llegado sean tratadas con respeto y dignidad”.

DeSantis, que competirá en las primarias republicanas con vistas a las elecciones presidenciales de 2024, ha hecho de la “mano dura” contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral, y antes promovió una ley que entrará en vigor en julio próximo que castiga severamente a los indocumentados y a quienes les den trabajo o los presten ayuda.

Desde hace más de un año, gobernadores de estados republicanos como Texas o Florida han estado transportando en autobuses e incluso aviones, en algunas instancias, a migrantes hacia ciudades como Nueva York, Chicago y Washington, a modo de protesta por las políticas migratorias del Gobierno del demócrata Joe Biden.

El pasado 11 de mayo una treintena de migrantes, enviados por Texas, llegó a la residencia en Washington de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.