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Un trabajador del expresidente estadounidense Donald Trump confesó al FBI que su exempleador le pidió que escondiera cajas con información clasificada en su residencia de Mar-a-Lago en Florida después de que el Departamento de Justicia citara en mayo al exmandatario por la tenencia ilegal de documentos gubernamentales.
El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) ordenó a un trabajador mover cajas con documentos dentro de su residencia de Mar-a-Lago (Florida) después de haber recibido la orden del Gobierno que le obligaba a devolverlos.
Según publicaron este jueves varios diarios estadounidenses que citaron a fuentes anónimas, el propio empleado habría declarado ante el FBI que Trump le ordenó mover cajas de lugar, y además existe una grabación de una cámara de seguridad en la que se le ve haciéndolo.
Específicamente, el empleado sacó las cajas con documentos clasificados de interés nacional de un depósito en un sótano y los movió hasta la residencia de Mar-a-Lago, hechos corroborados por las grabaciones de cámaras de seguridad a las que ha tenido acceso el FBI, según el diario The Washington Post.
La orden tuvo lugar momentos después de que el equipo legal de Trump recibiera una citación del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que el expresidente confesara la localización de dichos documentos, entre los que se encontraban secretos de Estado o incluso información sobre la defensa de otros países.
Este testimonio sugeriría un esfuerzo por ocultar los documentos al Gobierno de Estados Unidos por parte de Trump a pesar de los esfuerzos de la Administración Nacional de Archivos y Registros y del Departamento de Justicia por pedir cooperación al expresidente estadounidense.
En una primera entrevista, este negó rotundamente haber manejado documentos sensibles o las cajas que podrían contener dichos documentos. No obstante, a medida que iban recopilando pruebas, los agentes decidieron volver a entrevistar al testigo, que finalmente confesó haber movido cajas a petición de Trump, según ‘The Washington Post’.
El testigo se ha convertido en una pieza clave en la investigación sobre los documentos clasificados confiscados a Trump, después de su intento fallido de nombrar a una perito especial para que revisara los documentos y atrasara así la investigación del Departamento de Justicia.
El perito independiente
El martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió al Tribunal Supremo que rechace la petición presentada por el equipo legal de Trump de que sea un perito independiente quien revise el material clasificado que le fue incautado.
En un escrito presentado ante el alto tribunal, el Gobierno estadounidense calificó los documentos hallados en la residencia de Trump de “extraordinariamente delicados” y aseguró que si se permite al perito independiente examinarlos, se estará causando un “daño irreparable”.
El Departamento de Justicia, en manos del demócrata Merrick Garland -cuya nominación al Supremo fue impedida en 2016 por los senadores del Partido Republicano-, llegó a insinuar que incluso si fuese el propio juez quien leyese estos documentos, se estaría “poniendo en jaque la seguridad nacional”.
El allanamiento
El FBI realizó el pasado 8 de agosto un registro en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach (Florida), durante el cual decomisó unos 11.000 documentos oficiales, entre ellos unos 100 clasificados, que el expresidente no devolvió cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021.
Como consecuencia de una demanda que interpuso el exmandatario, una jueza de Florida autorizó que un perito independiente revisase el material incautado, una decisión que impedía al Departamento de Justicia continuar con la revisión de los documentos clasificados.
No obstante, un tribunal de apelaciones permitió posteriormente a la Fiscalía estadounidense continuar con la investigación de ese material, a lo que el equipo legal de Trump respondió a principios de octubre elevando el caso al Tribunal Supremo.
Desde el principio, Trump ha sostenido que el registro de su vivienda forma parte de un campaña política para impedir la posibilidad de que vuelva a presentarse como candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024.
