La revelación de un video del 7 de enero de 2021, en el que el expresidente estadounidense Donald Trump se niega a admitir el fin de las elecciones, fue el cierre perfecto para las exitosas audiencias de un comité del Congreso estadounidense sobre el caso.
La grabación de Trump pretendía ser un bálsamo para EE. UU., justo un día después de que una turba asaltara el Capitolio y sumiera al país en una crisis.
Esa negativa de Trump se produjo a pesar de los numerosos pedidos de sus asesores, familiares y destacados republicanos. Era una pieza clave que los miembros del comité se habían propuesto demostrar desde el comienzo: que Trump y sus colaboradores más cercanos sabían que las elecciones no habían sido un fraude, que se intentó activamente invertir el resultado de las elecciones, y que Trump instigó los disturbios del 6 de enero.
Los miembros del comité afirman que la cadena de responsabilidades llega hasta Trump. Entre ellas, revelaciones de que su equipo pretendía instalar aliados en el Departamento de Justicia, presentar listas de electores falsas en estados claves, que Trump sabía que la multitud de sus partidarios estaba armada, o que permaneció en silencio durante 187 minutos mientras se desarrollaban los disturbios.
¿Servirán las pruebas?
Una comisión del Congreso puede investigar, pero no tiene autoridad legal para presentar cargos. Eso está en manos del Departamento de Justicia y del actual fiscal general, Merrick Garland.
Hasta ahora, se han detenido a casi 900 manifestantes, y se han presentado cargos contra ellos, pero procesar a miembros de la Casa Blanca, del círculo íntimo de Trump, e incluso al propio exmandatario, será una tarea mucho más difícil.
Catherine J. Ross, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, explica a Deutsche Welle que el Departamento de Justicia podría investigar cargos que incluyen la obstrucción de un procedimiento del Congreso (tratar de detener la certificación del resultado de las elecciones), la conspiración sediciosa (conspirar para derrocar o hacer la guerra contra el Gobierno de EE. UU.) y la conspiración para defraudar a EE. UU. (obstruir una función legal del gobierno utilizando el engaño).
“Trump llevó a cabo un número muy elevado de acciones para tratar de anular los resultados de las elecciones y permanecer ilegalmente en el cargo”, dice Ross, quien cree que el conjunto de pruebas presentadas son lo suficientemente sólidas como para respaldar los cargos penales.
Si bien podría ser un caso más claro para los fiscales demostrar la intención de Trump, los observadores señalan que será mucho más difícil vincular sus acciones con los disturbios. Y llevar a un expresidente a los tribunales es un paso totalmente inédito, lo que hace aún más difícil para el Departamento de Justicia evaluar si una acción legal exitosa contra Trump es incluso viable.
Las audiencias continuarán
“Tienen que tener pruebas que se sostengan durante el interrogatorio y que prueben los cargos penales en nuestro sistema”, sostiene William C. Banks, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse. “Hay una cuestión que Garland, quien fue escogido por Biden, tiene que afrontar: si decide acusar a Trump o a alguien de su círculo íntimo: ¿se le percibirá como parcial?”, cuestiona Banks.
Si la comisión puede reunir más pruebas significativas y convencer a los testigos clave de que se presenten, el Departamento de Justicia -que está llevando a cabo su propia investigación, pero que sigue de cerca las audiencias- podría optar por procesar al expresidente estadounidense. La próxima tanda de audiencias está prevista para septiembre.