Más de una decena de empresas fabricantes de armas en EEUU perdieron este miércoles un privilegio que les daba inmunidad legal en Nueva York contra víctimas de tiroteos.
Es gracias a esto que podrán ser demandadas en casos relacionados con la violencia armada, según decidió una jueza federal.
Fabricantes como Glock, Beretta y Smith & Wesson, así como el grupo de presión National Shooting Sports Foundation, habían pedido que se paralizara y declarara inconstitucional esa ley estatal.
Se trata de una normativa que entró en vigor en 2021, cuyo objetivo es que puedan ser “responsables civilmente” por daños a la sociedad.
La decisión de la jueza Mae D’Agostino, de un tribunal de Albany se produce un día después del tiroteo en una escuela elemental en Uvalde (Texas).
En esta zona un joven de 18 años mató a 19 niños y dos profesores, y que pasa a ser uno de los más mortíferos del país.
Los fabricantes y su patronal llevaban meses intentando paralizar esa legislación de control de armas -aprobada por el exgobernador demócrata Andrew Cuomo- con una moción que fue desestimada hoy por la jueza, quien dio la razón a las autoridades y ordenó cerrar el caso.
No más inmunidad para fabricantes de armas en EEUU
La fiscal neoyorquina, Letitia James, reaccionó a través de Twitter a la decisión, considerándola “una gran victoria” que reafirma el derecho de su oficina a “hacer que los fabricantes rindan cuentas por la devastación causada por las armas”, así como un rayo de “esperanza” tras el tiroteo de Uvalde.
La ley que finalmente se mantiene obliga también a los fabricantes de armas a “establecer y utilizar controles y procesos razonables para evitar que sus productos cualificados sean apropiados, utilizados, promocionados o vendidos ilegalmente”.
Los fabricantes de armas gozan de una amplia inmunidad en EEUU ante posibles demandas de víctimas de tiroteos gracias a una ley federal de 2005.
Pese a esto, tiene algunas excepciones relativas al marketing, lo que llevó a un acuerdo inédito entre una empresa y un grupo de demandantes en febrero pasado.
Se trata del acuerdo entre los familiares de las víctimas de la matanza de la escuela de Sandy Hook, de Newtown (Connecticut, EE.UU.), ocurrida en 2012, que lograron una compensación de Remington, la fabricante del arma utilizada por el tirador, centrándose en la publicidad del arma.
Durante el proceso, los abogados de las familias argumentaron que la publicidad del rifle semiautomático utilizado, el Bushmaster AR-15, violó la legislación estatal.
Esto, ya que se dirigía a consumidores civiles cuando por sus características, esa arma sería adecuada solo para su uso por parte de personal militar y policial.