Rusia respondió ayer jueves a Estados Unidos con una nueva partida de sanciones individuales contra casi una treintena de funcionarios, empresarios y periodistas, entre ellos la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Esto, luego de que la potencia norteamericana hiciera lo propio contra una red de 40 individuos y empresas, liderada por el oligarca ruso Konstantín Maloféyev, que supuestamente está ayudando a Rusia a esquivar las sanciones de Occidente por la campaña militar rusa en Ucrania.

La medida no es casualidad. Bajo la administración de Joe Biden, EEUU ha impulsado nuevas estrategias para impedir el florecimiento -tanto en Rusia como en otros países- de lo que su gestión denomina como “cleptócratas”. Es decir, aquellas personas que usan mecanismos del gobierno con el único propósito de amasar grandes fortunas a costas de la ciudadanía.

Se trata de un término poco conocido en Chile que, sin embargo, cuenta incluso con un ranking a nivel global.

En el top 10, elaborado por Transparencia Internacional, figuran conocidos expresidentes africanos, asiáticos y latinoamericanos. Suharto (Indonesia), Ferdinand Marcos (Filipinas), Mobutu Sese Seko (Zaire) y Alberto Fujimori (Perú) componen la lista.

Crimen trasnacional

Según James Walsh, subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de EEUU, los esfuerzos del sucesor de Trump están justamente en “contrarrestar el autoritarismo y salvaguardar la democracia”. Estos, agregó, “han adquirido una importancia y una urgencia aún mayores” tras la invasión de Putin a Ucrania.

Los dichos del alto funcionario se dieron en una actividad internacional organizada por el Centro de Prensa Extranjera del Departamento de Estado norteamericano, de la que participó BioBioChile.

En la actividad Walsh sostuvo que “como hemos visto en Rusia y en otros lugares, la corrupción permite todas las formas de criminalidad, en particular el crimen transnacional. Y la corrupción impide la inversión, sofoca el crecimiento económico, obstaculiza los servicios gubernamentales y permite que florezca la criminalidad”.

No obstante los esfuerzos, añade el funcionario, el progreso en la lucha por la integridad y la rendición de cuentas “puede provocar una reacción violenta de los cleptócratas y las redes que se benefician de la corrupción”.

“En este caso, la guerra de Putin contra Ucrania también fue una reacción, en parte, a los esfuerzos de los ucranianos para combatir la corrupción. Justo antes de la invasión, el propio Putin expresó su preocupación por las instituciones anticorrupción de Ucrania. Y la corrupción también ha reforzado al Kremlin, que utiliza oligarcas corruptos y sus afiliados para promover y llevar a cabo su agenda peligrosa y desestabilizadora a nivel nacional e internacional”, añadió.

“Cleptócratas rusos”

En esa línea, aseveró que “las acciones de Rusia en Ucrania han renovado la urgencia de nuestros esfuerzos colectivos contra la corrupción, y debemos continuar tomando medidas serias para abordar la corrupción y mitigar las oportunidades para que arraigue”.

“El gobierno de EEUU está trabajando con aliados y socios en todo el mundo para descubrir la corrupción y responsabilizar a las personas. Además de las sanciones económicas contra oligarcas clave, también hemos impuesto restricciones de visa a los oligarcas rusos y sus familiares y asociados cercanos. También hemos anunciado grupos de trabajo estadounidenses e internacionales para rastrear los activos de estos oligarcas. Nuestros esfuerzos coordinados con nuestros aliados y socios demuestran el impacto de la acción colectiva y advierten a los cleptócratas rusos que no pueden apoyar un régimen violento y operar con impunidad”, prosiguió.

Y concluyó: “Nuestros pasos para combatir la cleptocracia de Putin y sus facilitadores son solo un ejemplo de los esfuerzos de la administración para abordar la corrupción. En el primer año de su administración, el presidente Biden hizo de la lucha contra la corrupción una prioridad de seguridad nacional y reunió a nuestros socios en la lucha contra la corrupción, incluso al organizar la Cumbre por las Democracias en diciembre pasado. Muchos líderes democráticos aprovecharon la oportunidad para anunciar nuevos compromisos para combatir la corrupción en el país y en el exterior. Por ejemplo, los países se comprometieron a desarrollar o revisar la legislación anticorrupción para aumentar la aplicación. Otros se centraron en crear transparencia en la contratación pública o destacar sus esfuerzos para combatir el soborno extranjero”.

“En el futuro, intensificaremos nuestros esfuerzos para negar a los actores corruptos sus ganancias ilícitas mediante la aplicación de herramientas de rendición de cuentas, como restricciones de visa y sanciones económicas, y la coordinación con los socios para hacerlo. Además, al trabajar a través de plataformas multilaterales, promoveremos la implementación de las obligaciones y estándares internacionales existentes contra el lavado de dinero y la corrupción. Y finalmente, desarrollaremos la capacidad de los gobiernos socios para prevenir y enjuiciar la corrupción y el lavado de dinero, para rastrear y recuperar los ingresos de la corrupción”, sentenció.