Los legisladores que investigan el asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos se expresaron por unanimidad el martes a favor de acusaciones penales por desacato contra Steve Bannon, exasesor de Donald Trump que se ha negado a participar en las pesquisas.

“El señor Bannon cumplirá con nuestra investigación o enfrentará las consecuencias”, advirtió el demócrata Bennie Thompson, quien encabeza la comisión bipartidista encargada de investigar los ataques del 6 de enero contra la sede del Congreso, y criticada por Trump y sus aliados.

“No podemos permitir que nadie se interponga en el trabajo de la comisión especial mientras trabajamos para esclarecer los hechos. Lo que está en juego es simplemente demasiado”, agregó ante un voto unánime de los nueve miembros a favor de la imputación de Bannon.

Steve Bannon fue citado este martes ante esta comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el papel del expresidente republicano en el ataque de sus simpatizantes contra la sede del Congreso, el pasado 6 de enero, cuando los legisladores certificaron la victoria de la elección presidencial de Joe Biden.

Esta recomendación de la comisión de investigación debe votarse ahora en el pleno de la Cámara, donde los demócratas son mayoría, con miras a transmitirla al Departamento de Justicia.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, decidirá si procesa a Steve Bannon, quien en teoría enfrenta hasta un año de prisión.

Bannon, de 67 años, fue uno de los arquitectos de la exitosa campaña presidencial de Donald Trump en 2016 antes de ser expulsado por el multimillonario republicano.

Aunque no ocupó ningún cargo oficial el 6 de enero, al parecer habló sobre la protesta con el presidente en los días previos al asalto, según la comisión.

El asesor político de derecha le había dicho al panel que retendría testimonios y documentos hasta que se resolviera la apelación de Trump de “privilegio ejecutivo”, que permite a los presidentes mantener en secreto ciertas conversaciones con sus asistentes. Para los demócratas esa prerrogativa solo se aplica a los presidentes en ejercicio.