Enviando corrección, espere un momento...
La Cámara de Representantes investiga actualmente el asalto al Capitolio perpetrado por seguidores del expresidente Donald Trump. Sin embargo, varios de sus allegados se han negado a declarar pese a las amenazas de recibir sanciones.
Varios allegados al expresidente estadounidense Donald Trump se negaron a comparecer ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la asonada contra el Capitolio del 6 de enero, limitando la posibilidad de que altos funcionarios rindan cuentas.
Steve Bannon, exasesor del multimillonario republicano, y el exconsejero de seguridad Kash Patel debían comparecer el jueves, mientras que el exjefe de gabinete Mark Meadows y Dan Scavino, antiguo responsable de las redes sociales, lo harían al día siguiente.
Sin embargo, ninguno se presentó después de que Trump invocara el derecho del poder Ejecutivo a mantener cierta información en secreto para evitar que declararan, lo que pone de manifiesto los límites del Congreso para realizar investigaciones cuando los líderes se niegan a rendir cuentas.
Quienes critican a la comisión investigadora argumentan que el Congreso no logrado impedir que Trump obstruya la investigación.
En repetidas ocasiones, la comisión prometió mano dura con quienes no acudan a sus citaciones y anunció cargos contra Bannon.
Pero hasta ahora la comisión sólo ha conseguido pequeñas victorias. El exfiscal general Jeffrey Rosen, por ejemplo, testificó que Trump presionó para involucrar al Departamento de Justicia en la campaña de desinformación del expresidente sobre el supuesto fraude electoral.
“Golpe en cámara lenta”
Fiona Hill, investigadora de la Brookings Institution y antigua asesora del exmandatario, dijo el miércoles que el desafío de Trump al Congreso y sus mentiras sobre el fraude electoral son un “golpe de Estado en cámara lenta”.
El Congreso tiene varias vías legales para impedir las maniobras del bando de Trump. Pero el otrora estrella de la televisión también tiene varias opciones.
La Suprema Corte dictaminó que los presidentes tienen derecho a mantener la confidencialidad de ciertos documentos y conversaciones, y Trump no es, ni mucho menos, el primero que se escuda en eso.
La primera vez que invocó estas prerrogativas del Ejecutivo fue en 2019, para negar al Congreso el acceso al informe completo del exfiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.
Pero es el actual inquilino de la Casa Blanca quien decide cuándo se aplica este derecho, no su predecesor. Y Joe Biden ha rechazado hasta ahora los reclamos de Trump.
Esta lucha podría durar meses, incluso años, si el expresidente, de 75 años, sigue decidido a rechazar todas las citaciones y si es necesario llegar hasta la Suprema Corte.
Congreso bloqueado
Históricamente, el Congreso ha eludido los tribunales utilizando el recurso contra la “obstrucción del Congreso” para hacer cumplir las citaciones, que le permite ordenar a su fuerza policial a detener y encarcelar a los testigos que se niegan a comparecer.
Este método no se ha utilizado contra el poder Ejecutivo en más de 80 años.
Steve Bannon está siendo procesado por obstruir la labor del Congreso en virtud de una ley de 1857, que lo considera un delito federal castigado con hasta 12 meses de prisión.
Para que eso aplique, es necesario que la Cámara vote para remitir el asunto al Departamento de Justicia.
Pero en 1984, el Departamento de Justicia dijo que no procesaría a los funcionarios del poder Ejecutivo por obstruir el trabajo del Congreso cuando alegan el derecho del poder Ejecutivo a mantener cierta información en secreto.
Incluso cuando no es el caso, las autoridades rara vez procesan a funcionarios del Ejecutivo. Desde 2008, la Cámara baja ha citado al menos a seis funcionarios o exfuncionarios de la Casa Blanca, pero no se ha tomado ninguna medida.
“Debido a esta discreción, (apelar a) la obstrucción del Congreso se ha vuelto casi ineficaz”, dijo el Servicio de Investigación del Congreso en un informe del año pasado.
Incluso si el fiscal general Merrick Garland aprueba los cargos, podría llevar meses.
Existe una tercera opción: el Congreso puede pedir a un juez federal que haga cumplir sus citaciones: los testigos que las desafíen estarían obstruyendo el curso de la justicia. Sin embargo, este proceso también llevaría mucho tiempo.
