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Un tribunal de apelación ordenó este jueves la suspensión temporal en Nueva York de la licencia de abogado del exalcalde de la ciudad Rudy Giuliani y exabogado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, después de que una junta disciplinaria concluyera que mintió sobre el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020.
Según la corte de apelación, la conducta de Giuliani amenazó “el interés público y justifica la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía”, informa el diario The New York Times.
El documento judicial apunta que hay evidencias de que Giuliani realizó “declaraciones falsas y engañosas a tribunales, legisladores y al público en general en su calidad de abogado del expresidente Donald Trump y de la campaña de Trump en relación con el fallido esfuerzo de Trump por la reelección en 2020”.
Meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado, en las que se impuso el candidato demócrata Joe Biden, Trump lanzó una campaña de desinformación para despertar dudas sobre la transparencia del proceso y, posteriormente, redobló dichos esfuerzos hasta el extremo de describir los comicios como fraudulentos y de asegurar que Biden le había robado la presidencia.
Sin embargo, más allá de su campaña publicitaria, que continúa hoy en día, Trump y su equipo no lograron reunir ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones y ningún tribunal aceptó llevar a juicio sus acusaciones, por falta de evidencias.
Giuliani, de 77 años, comenzó a ejercer la abogacía en 1969, trabajó en el Departamento de Justicia durante la Administración de Ronald Reagan y, en 1983 fue designado fiscal del distrito de Manhattan, en Nueva York.
Asimismo, fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2002 y adquirió notoriedad nacional e internacional en 2001, tras los atentados terroristas contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre.
Giuliani lleva siendo investigado desde al menos 2019 en un caso que supuestamente se centra en sus negocios en Ucrania.
Aunque hasta el momento no ha sido imputado, la Fiscalía trata de demostrar que Giulani presionó ilegalmente al Gobierno en favor de funcionarios y empresarios ucranianos, quienes, presuntamente, ayudaban al abogado a buscar trapos sucios sobre los rivales políticos de Trump, incluido el entonces aspirante a la presidencia Joe Biden.
Recientemente, la batalla legal se ha centrado en los documentos y datos de dispositivos digitales incautados por el FBI, que el pasado abril registró la vivienda de Giuliani, que ha negado hasta ahora todas estas presuntas irregularidades.
