Washington adoptó nuevas reglas, más estrictas, que limitan la entrada de los miembros del Partido Comunista Chino (PCC) en Estados Unidos, informó el jueves el New York Times, citando al Departamento de Estado.

Estas nuevas restricciones, que entraron en vigor el miércoles, limitan la duración de los visados de los miembros del PCC y sus familias directas a un mes y no les permite más que una entrada en el país, según el diario.

“Durante décadas hemos permitido al PCC un acceso libre y sin obstáculos a las instituciones y empresas estadounidenses, cuando esos privilegios no fueron recibidos nunca por los ciudadanos estadounidenses en China”, afirmó un portavoz del Departamento, citado por el New York Times.

Anteriormente, los solicitantes de visado podían obtener una autorización permanente como visitante para diez años. Según el diario, estas nuevas restricciones podrían afectar, teóricamente, a 270 millones de personas.

Las tensiones bilaterales se han agudizado en los últimos tiempos en ámbitos diversos y los dos países han adoptado medidas que restringen los viajes.

Las autoridades de Pekín no confirmaron estas nuevas restricciones este jueves pero anteriormente habían mencionado la posibilidad de que se aprobaran y estimaron que sería “una actitud odiosa y anormal hacia el Partido Comunista”.

“Algunas fuerzas antiChina en Estados Unidos, impulsadas por un fuerte sesgo ideológico y una mentalidad anclada en la Guerra Fría están oprimiendo políticamente a China”, se limitó a decir un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín este jueves.

Este año, las autoridades chinas expulsaron a unos 15 periodistas estadounidenses de medios importantes. Washington, por su parte, disminuyó el número de acreditaciones de los periodistas chinos ante los órganos gubernamentales y tornó más severas las reglas para varios medios estatales chinos en su territorio, estimando que se trataba de órganos de “propaganda”.

Además, en los cuatro años de gobierno de Donald Trump, se han revocado los visados de unos 1.000 estudiantes e investigadores chinos sospechosos de espionaje en Estados Unidos.

Pekín reaccionó ante esta decisión denunciando una “persecución política y una discriminación racial”.