El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se sumó este martes al debate nacional sobre el aborto, al instar a la Corte Suprema a pronunciarse sobre las interrupciones del embarazo basadas en el sexo, la raza o una malformación del feto, después de que el alto tribunal eludiera esa cuestión.

Los dichos de Pence, cristiano devoto que firmó leyes antiaborto cuando era gobernador de Indiana, coinciden con varias iniciativas encabezadas por legisladores republicanos en distintos estados para limitar el acceso al procedimiento.

Así, opositores al aborto desafían la jurisprudencia establecida desde 1973, cuando el máximo tribunal emitió un fallo en el caso “Roe vs Wade”, que legalizó el aborto a nivel nacional.

Por las últimas acciones de esta corriente conservadora, la única clínica que realiza abortos en Misuri podría ser forzada a cerrar, y la legislatura de Luisiana se acercó a la aprobación de un proyecto de ley que prohibiría la interrupción del embarazo después de las seis semanas.

Este martes temprano, la Corte Suprema confirmó parte de una ley de Indiana firmada durante el mandato de Pence como gobernador que exige que los restos de fetos abortados sean cremados o enterrados, pero eludió pronunciarse en otro caso respecto de la cláusula de aborto “selectivo”.

El entonces gobernador había prohibido ese tipo de abortos. Pero un tribunal de apelación bloqueó esa medida, y la Corte Suprema decidió este martes no intervenir en ese asunto mientras no lo hagan otras jurisdicciones inferiores.

El despacho del vicepresidente se dijo “optimista de que más adelante la Corte Suprema abordará una de las numerosas leyes estatales a lo largo de Estados Unidos que prohíben el aborto basado en el sexo, la raza o una discapacidad”.

“Países en todo el mundo prohíben el aborto selectivo y Estados Unidos debe hacer lo mismo”, dijo la portavoz de Pence, Alyssa Farah, en un comunicado.

Los dos casos de Indiana estaban siendo observados de cerca como un indicador de cómo el tribunal superior, que ahora tiene una mayoría conservadora, puede decidir sobre el tema, si eventualmente decide aceptar algún caso.

Por otra parte, el estado sureño de Alabama aprobó un proyecto de ley este mes que equivale a una prohibición casi total de poner fin a un embarazo, incluso en casos de violación e incesto.

Realizar un aborto sería un delito que podría llevar a los médicos a prisión de 10 a 99 años. Solo sería legal si la vida de la madre está en peligro o el feto tiene una afección potencialmente mortal.

“Crisis de salud pública”

Desde que llegó al poder, el presidente Donald Trump ha sumado dos jueces conservadores al máximo tribunal, y los magistrados progresistas de la corte son ahora una minoría de cuatro contra cinco.

Uno de los jueces conservadores, John Roberts, podría tener el voto decisivo si la constitucionalidad del aborto eventualmente se presenta ante el alto tribunal.

En Misuri, Planned Parenthood advirtió sobre el peligro del cierre de la única clínica donde se hace la práctica, si el departamento de salud del estado no renueva su licencia. En ese estado hay más de un millón de mujeres en edad reproductiva.

“Esta es una verdadera crisis de salud pública”, dijo Leana Wen, presidenta de la ONG que brinda servicios de aborto y atención de salud reproductiva. “Sería el primer estado del país en quedarse a oscuras, sin un centro de salud que brinde servicios de aborto legal y seguro”, dijo Wen, quien también es doctora.

Impacto económico

En Luisiana avanza un proyecto que podría prohibir los abortos desde que el corazón del feto es detectado, alrededor de las seis semanas. Varios otros han aprobado leyes similares.

El gobernador demócrata de Georgia, uno de esos estados, ha indicado que la validará si llega a su despacho.

Ante la avanzada, Netflix dijo que reconsideraría su inversión en Georgia si la polémica ley de aborto entra en vigor en ese estado, conocido como el Hollywood del Sur.

“Tenemos muchas mujeres trabajando en producciones en Georgia, cuyos derechos, junto con los de otros millones, estarán severamente restringidos por esta ley”, dijo el director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, en una declaración a Variety.

Se estima que una medida para restringir el aborto causaría importantes pérdidas económicas en ese estado, que el año pasado reportó unos 92.000 empleos y un impacto económico de más de 9.000 millones de dólares por la producción de cine y televisión.