Estados Unidos amenazó este lunes con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) si el tribunal toma acciones por crímenes de guerra contra estadounidenses que lucharon en Afganistán.

“Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial”, advirtió el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.

“Haremos lo mismo con cualquier compañía o estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadounidenses”, dijo ante la Federalist Society, una organización conservadora en Washington.

Bolton acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente crímenes de guerra y contra la humanidad de ser “ineficaz”, “irresponsable” y “francamente peligrosa” para Estados Unidos, Israel y otros aliados”.

Para Estados Unidos cualquier iniciativa sobre las acciones de efectivos de seguridad suyos sería “una investigación completamente infundada e injustificable”.

Investigación sin chances

A inicios de noviembre de 2017, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda había anunciado que pediría a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadounidense.

En Afganistán, Estados Unidos sigue a la cabeza de una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.

“En cualquier momento, la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadounidenses”, explicó el consejero de Donald Trump.

Y le dirigió un mensaje “sin ambigüedad” a la corte: “Estados Unidos utilizará todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados, de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima”.

La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países. Su fiscal puede abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces siempre y cuando impliquen un país miembro, en este caso Afganistán.

La relación entre Washington y la corte con sede en La Haya han sido siempre tumultuosas. Estados Unidos se ha negado a formar parte y hace todo lo posible, especialmente con tratados bilaterales, para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.

Bolton tiró por tierra cualquier posibilidad de que avance la investigación sobre presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán, especialmente por el abuso de detenidos.

Ni Afganistán ni ningún otro partido de gobierno ligado al Estatuto de Roma de la CPI ha solicitado una investigación, destacó Bolton.

También citó una acción reciente de los líderes palestinos para que funcionarios israelíes sean procesados en la CPI por violaciones de derechos humanos.

“No cooperaremos con la CPI. No brindaremos asistencia a la CPI. Ciertamente no nos uniremos a la CPI. Dejaremos que la CPI muera por sí misma”, expresó.

“Si la Corte viene a por nosotros, Israel o cualquier aliado de Estados Unidos, no nos vamos a quedar sentados”, advirtió.

“Amenaza” a la soberanía de EEUU

La condena de la CPI se sumó a la lista de rechazos de la Casa Blanca a muchas instituciones y tratados supranacionales que el presidente Donald Trump no cree que son beneficiosos para Estados Unidos.

Bolton también condenó el registro de la corte desde que comenzó a actuar formalmente en 2002, y argumentó que la mayoría de las naciones principales no se habían unido.

Dijo que había alcanzado solo ocho condenas a pesar de gastar más de 1.500 millones de dólares en su labor, y señaló que eso no había contenido las atrocidades en todo el mundo.

“De hecho, a pesar de las investigaciones en curso de la CPI, las atrocidades continúan ocurriendo en la República Democrática del Congo, Sudán, Libia, Siria y muchas otras naciones”, subrayó.

Pero Bolton, que fue embajador de Washington en la ONU durante el gobierno de George W. Bush, dijo que la principal objeción de la administración Trump es la idea de que la CPI podría tener mayor autoridad que la Constitución de Estados Unidos y su soberanía.

“En términos seculares, no reconocemos ninguna autoridad superior a la Constitución de Estados Unidos”, señaló.

“Este presidente no permitirá que ciudadanos estadounidenses sean enjuiciados por burócratas extranjeros, y no permitirá que otras naciones dicten nuestros formas de autodefensa”, concluyó.