El presidente Donald Trump firmó este viernes una ley sobre presupuesto temporario aprobada en la madrugada por el Congreso y que reabre su gobierno hasta el 23 de marzo, luego de un ‘shutdown’ de ocho horas durante la noche.
“Acabo de firmar la ley. Nuestros militares serán más fuertes que nunca antes”, anunció el mandatario en un mensaje en la red Twitter, para añadir que la sanción de la ley significa “empleos, empleos, empleos”.
El proyecto extiende hasta el 23 de marzo el financiamiento del gobierno federal y en ese período los legisladores deberían tener tiempo hábil para transformar este acuerdo presupuestario temporario en una propuesta de ley permanente.
El acuerdo ofrece a Trump la posibilidad de cumplir con una de sus promesas de campaña, el alza del presupuesto militar, aumentando el techo de la deuda hasta marzo de 2019.
La oposición demócrata obtuvo de su lado un aumento similar para gastos no militares como la lucha contra los opiáceos, la cobertura médica para niños pobres, inversiones en infraestructura, y una ayuda de 90.000 millones de dólares para los Estados devastados por huracanes e incendios en 2017.
En total, el aumento podría llegar a casi 300.000 millones de dólares por año, según fuentes del Senado.
La firma presidencial puso punto final a una tensa secuencia de eventos en la tarde y noche del jueves ya que el gobierno precisaba aprobar una ley sobre presupuesto antes de la medianoche, o cerrar por falta de dinero para financiar sus operaciones.
Impacto sobre el déficit
Ya sobre el filo de la medianoche del jueves un senador del ala más ultraconservadora del partido Republicano, Rand Paul, pronunció un encendido y extenso discurso para criticar el acuerdo porque en la práctica mantiene fuera de control el déficit público, que podría alcanzar el billón de dólares en 2019.
“Me lancé a la política porque era crítico del déficit de (el ex presidente Barack) Obama. Y ahora tenemos republicanos y demócratas de manos dadas ofreciéndonos un déficit de un billón de dólares”, reclamó.
“No puedo con toda honestidad y buena fe simplemente mirar para otro lado porque mi partido ahora es cómplice de los déficits”, advirtió Paul, para quien el acuerdo sobre el aumento general de los gastos era una salida realmente explosiva.
A la medianoche del jueves, vencido el plazo de adopción de un presupuesto y con el gobierno técnicamente en ‘shutdown’, el Senado canceló la sesión y convocó a otra solo para votar el proyecto, que resultó aprobado por 71 votos a 28.
Pocas horas más tarde, ya en la mañana del viernes y luego de una noche de frenéticas negociaciones, la Cámara de Representantes (la cámara baja del Congreso) también aprobó la medida por 240 votos a 186, enviando así la ley para la sanción presidencial.
Así, el gobierno estuvo en ‘shutdown’ por falta de un presupuesto durante las horas de la noche, pero fue la segunda vez que eso ocurrió en las tres últimas semanas.
Fuerzas armadas y clase media
El jefe de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, y su homólogo demócrata, Chuck Schumer, habían alcanzado el miércoles un terreno de entendimiento sobre los montos de los presupuestos 2018 y 2019, permitiendo al gobierno planificar a largo plazo sus gastos e inversiones.
“Este presupuesto permite ambas cosas, financiar a nuestras fuerzas armadas y a la clase media (que) desde hace décadas sufre de una inútil austeridad que el mismo Congreso le impuso”, había afirmado Schumer el jueves.
Sin embargo, este aumento generalizado de los gastos se complementa con una ley recientemente aprobada por el Congreso que redujo drásticamente los impuestos, con el inevitable impacto en la recaudación fiscal, en un cuadro preocupante.
Un sector del partido republicano en el Congreso alerta sobre el impacto de estas medidas sobre el déficit.
En tanto, numerosos legisladores demócratas se oponían a la propuesta porque no mencionaba la regularización de cientos de miles de inmigrantes llamados “Dreamers”.
Los “dreamers” estaban protegidos de la deportación por el programa DACA, un decreto de la era Obama. Pero Trump lo derogó en septiembre pasado, fijando el 5 de marzo como fecha límite para que el Congreso legisle.