Rusia anunció este viernes medidas para reducir la presencia diplomática estadounidense en su territorio en respuesta a las nuevas sanciones adoptadas por el Congreso en Washington por su presunta injerencia en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca.

El Senado adoptó el jueves casi por unanimidad -98 votos frente a 2- un proyecto de ley de sanciones denunciado por Moscú pero también criticado por la Unión Europea, ya que podría afectar a sus empresas.

Aunque corresponde al presidente Trump aprobar o rechazar las duras sanciones contra Moscú, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores no esperó para adoptar medidas de represalia.

Moscú ordenó a Washington reducir a partir del 1 de septiembre su personal diplomático en Rusia a 455 efectivos, e impidió la utilización por parte de la legación norteamericana de una residencia en la periferia de la capital rusa y de varios almacenes.

Con esa reducción, el número de representantes estadounidenses estará al mismo nivel que el de representantes rusos en Estados Unidos, precisó el ministerio, que se “reserva el derecho” de adoptar nuevas medidas.

El embajador estadounidense en Moscú, John Tefft, “expresó su gran decepción y protestó” por estas medidas, indicó a la AFP una portavoz de la delegación estadounidense.

La vocera no quiso precisar el número de diplomáticos y personal de servicio estadounidense que hay en Rusia en la actualidad.

Según una fuente anónima citada por la agencia rusa Interfax, la reducción de personal afectará a varios cientos de personas.

“Los últimos acontecimientos muestran que la rusofobia y la búsqueda de confrontación están muy arraigadas en ciertos círculos” en Estados Unidos, consideró la cancillería rusa.

Los legisladores estadounidenses buscan responder a la campaña de desinformación y pirateo de los que acusan a Moscú durante las elecciones presidenciales del año pasado. También reaccionan a la anexión de Crimea y las injerencias rusas en Ucrania.

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, celebró el voto en el Senado que, en su opinión, supone un respaldo frente al “agresor” ruso.

El texto también sanciona a Irán y Corea del Norte, lo que llevó a Pekín a advertir que China se opondrá “decididamente” a cualquier medida que ataque “sus intereses”.

Riesgo de humillación

La reducción de la presencia estadounidense ya se había planteado en diciembre, después de que Barack Obama decidiera expulsar a 35 personas consideradas miembros de los servicios de inteligencia rusos.

El presidente Vladimir Putin decidió finalmente no reaccionar a esas medidas, adoptadas a un mes de que Trump asumiera sus funciones.

En teoría, el mandatario estadounidense, quien intenta mejorar las relaciones con Rusia -para pesar de muchos legisladores- puede vetar el proyecto del Congreso. Pero sería una decisión poco duradera.

El Congreso solo tendría que volver a votar el texto, con una mayoría de dos tercios, para superar el rechazo de Trump. En general, los presidentes intentan evitar tal humillación.

El texto también prevé un mecanismo inédito que no gusta a la Casa Blanca: los congresistas podrían interponerse si Trump decidiera suspender las sanciones existentes contra Rusia.

Al respecto, el presidente Putin lamentó el jueves la “insolencia” de Estados Unidos.

“Vemos simplemente un crecimiento de la histeria antirrusa”, subrayó. “Es muy triste que las relaciones ruso-estadounidenses sean sacrificadas” por fines políticos internos, añadió.

La Comisión Europea dijo este viernes que permanece “vigilante” ante las medidas estadounidenses, que podrían afectar al sector de la energía en el Viejo Continente.

“Estamos observando este proceso de muy cerca, con gran atención. Examinamos cuál es la evolución y seguiremos de cerca la aplicación práctica de esta ley, cuando entre en vigor y si lo hace”, dijo en rueda de prensa el portavoz comunitario Alexander Winterstein.

A varios países europeos les preocupa que esta ley permitiría a Trump sancionar a empresas que trabajan en oleoductos procedentes de Rusia.

Además, la medida fisura también la unidad acordada entre Washington y Bruselas frente a Rusia desde la anexión de Crimea, en 2014. Hasta ahora, las sanciones se coordinaban entre los dos lados del Atlántico.