Activistas, opositores y miembros de la sociedad civil presentaron este lunes ante el Parlamento de Filipinas una serie de documentos que dan inicio a un proceso de destitución contra la vicepresidenta, Sara Duterte, tras esgrimir amenazas de muerte contra el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr.
El proceso de impeachment ha arrancado así a pesar de que el propio mandatario solicitó el viernes evitar esta medida por considerarla una “distracción” y una “pérdida de tiempo” que únicamente “ocupará” a los diputados y “los alejará de las preocupaciones y necesidades reales de la población filipina”.
El documento, presentado también por familiares de víctimas de la guerra contra las drogas del ya expresidente Rodrigo Duterte, acusa a la vicepresidenta de “violar la Constitución y traicionar la confianza de la población”, además de incurrir en “delitos de odio”, tal y como ha indicado en un comunicado el Partido Acción de los Ciudadanos (Akbayan).
“La vicepresidenta ha reducido su oficina a una plataforma para la retórica violenta, el enriquecimiento personal y la impunidad”, aseveró Teresita Quintos Deles, que fue asesora presidencial sobre el proceso de paz en varias ocasiones.
“Sus acciones afectan a nuestras instituciones y suponen un insulto contra cada uno de los filipinos que defienden una buena gobernanza y el Estado de Derecho”, ha puntualizado.
Los aliados de Marcos controlan la Cámara de Representantes, pero para el proceso podría toparse con serias dificultades ante el Senado.
La medida llega en un momento delicado, a pocos meses de que se celebren las elecciones de mitad de mandato previstas para el mes de mayo.
Vicepresidenta de Filipinas acusa “complot” para asesinarla
Las amenazas de Duterte ya están siendo investigadas por las fuerzas de seguridad filipinas, pese a que la vicepresidenta insiste en ser objeto de un “complot” para acabar con su vida.
La política filipina se ha visto afectada por el detrimento de las relaciones entre las familias Marcos y Duterte, que han empeorado significativamente durante los últimos meses de cara a las elecciones generales de mitad de mandato previstas para 2025.
La hija del expresidente Duterte insiste en que está siendo objetivo de un plan que busca acabar con su vida y que la ha llevado a contratar un supuesto sicario.
La disputa entre las familias se intensificó en junio, provocando la dimisión de Duterte como ministra de Educación.
Unos meses antes, su padre había acusado a Marcos de ser un “drogadicto”, mientras que Marcos achacó estas declaraciones al grave deterioro de la salud de Duterte por el consumo prolongado de fentanilo, un opiáceo. Por ahora, ninguno de los dos ha aportado pruebas que respalden sus acusaciones.
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