La Fiscalía Popular Suprema de China informó este martes el arresto de Zhong Ziran, exdirector del Servicio Geológico de China (CGS, siglas en inglés) y exdirigente del Partido Comunista (PC) chino, por presunta “aceptación de sobornos y divulgación intencionada de secretos de Estado”.

El caso de Zhong está en manos de la Fiscalía tras una investigación, iniciada en enero, de la Comisión Nacional de Supervisión, el principal órgano anticorrupción del Estado chino, explicó la institución judicial en un escueto comunicado.

Zhong, quien trabajó durante mucho tiempo en departamentos relacionados con la geología y los minerales, también fue director y secretario del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) del CGS entre 2014 y 2022.

El funcionario, que fue expulsado del PCCh en junio de este año, tras una investigación en la que se le acusaba de supuestas “graves violaciones de la disciplina y las leyes”. Según la comisión, también habría violado las regulaciones nacionales de confidencialidad al “filtrar deliberadamente secretos de Estado”.

Si se confirman las acusaciones, la divulgación intencionada de secretos de Estado podría suponer severas penas para Zhong, de 61 años, originario de la provincia oriental de Anhui, quien comenzó a trabajar en 1983 y se unió al PCCh en 1985.

Tras arresto de exdirigente del PC chino: relevancia del CGS

El CGS es una agencia del Gobierno chino responsable de investigar y evaluar los recursos minerales del gigante asiático. Entre estos, las valoradas tierras raras, materiales de los que China controla más del 80% de la producción mundial.

Estos minerales son clave para la fabricación de chips, vehículos eléctricos o equipamiento militar, por lo que, en una reciente ley para el sector aprobada en junio, las decisiones tomadas sobre las tierras raras fueron elevadas a la categoría de “seguridad nacional”.

En mayo entró en vigor en China una revisión de su ley para la “protección de secretos” nacionales, en un momento en el que el país ha iniciado varias investigaciones contra consultoras extranjeras que operan en el país o detenido a ciudadanos a los que acusa de espionaje.

Las nuevas medidas han generado preocupación entre algunos sectores por la posible ambigüedad en la definición de “secreto de Estado”. Esto ha causado temor a que pueda ser utilizado para restringir la libertad de expresión y el acceso a la información.