El grupo de derechos humanos Amnistía internacional denunció que Abuduwaili Abudureheman, nacido en la región de Xinjiang, en el oeste de China, se trasladó al centro financiero el pasado 10 de mayo desde Corea del Sur, país en el que estaba cursando estudios de doctorado, para visitar a un amigo.
Las autoridades de Hong Kong han supuestamente detenido a un estudiante uigur desaparecido desde hace más de dos semanas, después de que éste enviara un mensaje en el que afirmaba que estaba siendo interrogado por la policía China en el aeropuerto de la ciudad, informó el viernes Amnistía Internacional.
Al parecer, desde que envió el texto a un amigo informando de que estaba siendo sometido a un interrogatorio tras su llegada, no se ha vuelto a saber nada de él.
“Preocupa profundamente no saber qué suerte ha corrido, teniendo en cuenta el historial de crímenes de lesa humanidad cometidos contra uigures por el gobierno chino en Xinjiang, y su persecución constante del colectivo que viaja al extranjero”, dijo en un comunicado Alkan Akad, investigador de Amnistía Internacional especializado en China.
El investigador urgió a las autoridades hongkonesas a revelar urgentemente el paradero de Abudureheman por considerar que “corre grave peligro de tortura por su etnia y religión” y que, “si está detenido, deben proporcionarle acceso a un abogado y a sus familiares, y protegerlo contra cualquier maltrato”.
La antigua colonia británica de Hong Kong regresó a China en 1997 con la promesa de que conservaría sus libertades y autonomía durante 50 años. Sin embargo, sus detractores afirman que Pekín está aumentando su control sobre el territorio y reduciendo sus libertades.
La Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín a la ciudad en 2020, contempla largas sentencias e incluso la cadena perpetua por los delitos de secesión, subversión, terrorismo y “connivencia con un país extranjero o con elementos externos”.
Quienes resulten imputados en virtud de la ley -aplicable tanto a hongkoneses como a extranjeros, incluso a quienes simplemente visiten ese territorio- pueden ser enviados a China continental para ser juzgados.
Según los críticos, la Ley de Seguridad Nacional es excesivamente ambigua, lo que da al gobierno un amplio margen de maniobra para detener y acusar a personas por su discurso político o por interacciones banales con ciudadanos de otros países.
De acuerdo con algunos informes de las Naciones Unidas y de grupos de defensa de los derechos humanos, más de un millón de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes se encuentran detenidos en campos de concentración en los que, según estas organizaciones, han sido torturados, agredidos sexualmente y obligados a abandonar su lengua y su religión.
China niega categóricamente que en Xinjiang, que cuenta con una superficie superior a la de Perú y con una población de unos 25 millones de habitantes, existan trabajos forzados o centros de internamiento o que se opriman las prácticas religiosas, y considera las informaciones en ese sentido como “acusaciones sin ningún fundamento” que “indignan” a la población de la zona.
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