La junta birmana sentenció el viernes a la exlíder civil Aung San Suu Kyi a tres años más de prisión por fraude electoral, durante un proceso denunciado como político por la comunidad internacional.
Esta enésima sentencia va acompañada de trabajos forzados, indicó a la Agence France-Presse una fuente cercana al caso, según la cual la exdirigente, de 77 años, apareció en buen estado de salud en el tribunal.
Acusada de múltiples delitos por la junta que asumió el poder con el golpe de Estado de febrero de 2021, ahora debe cumplir 20 años de prisión, pero podría pasar más de 120 años en la cárcel.
El ejército justificó su golpe de Estado asegurando que había descubierto más de 11 millones de irregularidades durante las elecciones legislativas de noviembre de 2020, ganadas holgadamente por la Liga Nacional por la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi.
Los observadores internacionales, en cambio, indicaron que los comicios habían sido “globalmente libres y justos”.
“No veo a Suu Kyi yendo a un campo de trabajo”, dijo el analista político David Mathieson. “No se puede excluir la existencia de un acto de violencia o tortura, y Suu Kyi es la enemiga jurada que la junta quiere humillar y erradicar para siempre”, aseguró.
Antes de esta sentencia, la líder depuesta, premio Nobel de la Paz en 1991, ya acumulaba una condena de 17 años de prisión por una serie de cargos especialmente vinculados con supuesta corrupción.
Audiencias a puerta cerrada
Desde finales de junio, Suu Kyi está en aislamiento en una cárcel en Naipyidó, la capital construida por la anterior dictadura militar.
Su proceso iniciado hace un año se desarrolla dentro del recinto penitenciario a puerta cerrada. Además, sus abogados tienen prohibido hablar con la prensa y las organizaciones internacionales.
“Estas audiencias a puerta cerrada no permiten saber si las condenas de Aung San Suu Kyi son creíbles”, declaró al Agencia AFP Manny Maung, especialista del país en Human Rights Watch.
“Me imagino que será condenada por los otros cargos que se le imputan”, lamentó la investigadora.
Suu Kyi había sido condenada anteriormente por corrupción, importación y posesión ilegal de walkie-talkies, violación de las restricciones relacionadas con el coronavirus, e incitación a los disturbios públicos.
Muchos denuncian un ensañamiento judicial que estaría motivado por consideraciones políticas, para dejar fuera de forma definitiva a la hija del héroe de la independencia y gran ganadora de las elecciones de 2015 y 2020.
Varios de sus familiares fueron condenados a penas severas. Un exdiputado de su partido condenado a muerte, Phyo Zeya Thaw, fue ejecutado a finales de julio.
La junta militar, que promete elecciones para el verano boreal de 2023, aseguró en agosto que estaba dispuesta a negociar con Suu Kyi una vez hayan terminado los juicios.
“Aunque podríamos haber tomado acciones más severas, somos indulgentes con ella”, declaró el jefe de la junta Min Aung Hlaing, en una entrevista en agosto con el emisario de las Naciones Unidas, en unas declaraciones difundidas por un periódico estatal.
El golpe hundió al país en el caos, con protestas masivas respondidas con una represión sangrienta que ha dejado más de 2.100 civiles muertos y más de 15.000 detenidos, según una oenegé local.
Este viernes, las autoridades birmanas condenaron a una exembajadora británica en Birmania y a su marido, un reconocido artista militante, a un año de cárcel por haber infringido las leyes de inmigración.