El Gobierno chino ofreció a Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la posibilidad de visitar la región de Xinjiang en los próximos meses para evaluar de primera mano la situación de la minoría uigur -objeto, según ONGs, activistas y gobierno occidentales, de una posible campaña de genocidio y represión sistemática por parte de las autoridades de Pekín- siempre y cuando su viaje tenga un carácter “amistoso” y apolítico.
El viaje de Bachelet lleva meses en preparación pero hasta ahora no se había concretado hasta el punto de dar una fecha aproximada. Primero, fuentes del ‘South China Morning Post’ han estimado que la visita tendría lugar “durante la primera mitad de este año, después de los Juegos Olímpicos de Pekín” que terminan el 20 de febrero.
Poco después, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, confirmó la invitación y reconoció que “ambas partes han mantenido contactos sobre el viaje”, según recoge el ‘Global Times’, el diario internacional del Gobierno chino.
“La postura de China es consistente y clara en cuanto a que el propósito de la visita es mejorar la comunicación y la cooperación”, indicó el portavoz antes de indicar que “China se opone a que nadie politice el tema”. Como prueba de ello, según las fuentes del SCMP, China habría pedido a la oficina de Bachelet que aplace la publicación de un informe en preparación sobre la situación de los uigures en la región, por lo menos hasta que termine el viaje de la responsable de la ONU.
Según el SCMP, Bachelet lleva negociando esta visita desde septiembre de 2018 con una urgencia cada vez mayor conforme ONGs como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han endurecido sus críticas sobre la situación de los, posiblemente, más de un millón de uigures, una minoría étnica de fe musulmana que lleva años recluidos en centros clandestinos contra su voluntad, donde son esclavizados e incluso sometidos a políticas de esterilización. Estados Unidos y Canadá, que han descrito esta práctica como “genocidio”, han impuesto sanciones a China por este motivo.
El Gobierno de Pekín reconoció la existencia de dichos centros pero matizó que son instalaciones educativas para combatir la ideología extremista y que los alumnos están allí de forma voluntaria. Hasta ahora, se han resistido a que expertos de la ONU puedan realizar una visita. La última se produjo en 2005.
La situación también se tradujo en un boicot diplomático de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y otros países a la celebración de los Juegos Olímpicos mientras el portavoz de Bachelet, Rupert Colville, anticipaba el mes pasado que su esperado informe sobre la situación de los uigur podría no tardar más que “unas semanas”.