La derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi fue sentenciada el lunes a cuatro años de cárcel por vulnerar las leyes implementadas contra la pandemia y por la importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones, informaron fuentes cercanas al caso.
En dos procesos separados, un tribunal especial de justicia emitió esta mañana la sentencia, retrasada en dos ocasiones, por la tenencia sin licencia de varios walkie-talkies y un inhibidor de señales, por el que se acusaba a Suu Kyi de violar la Ley de Exportación e Importación y la ley de telecomunicaciones.
En este caso, los jueces decidieron condenar a la acusada a 2 y 1 año de prisión, respectivamente, si bien las penas se cumplirán de manera simultánea, por lo solo cumplirá dos años de cárcel.
Suu Kyi también fue condenada hoy a otros dos años de prisión por saltarse durante un acto electoral para los comicios de noviembre de 2020 las medidas contra la propagación del COVID-19.
Los abogados de Suu Kyi indicaron al inicio del proceso que su representada niega todas las acusaciones, mientras que desde octubre la junta militar impuso a los letrados la prohibición de hablar con los medios de comunicación.
Las dos sentencias de hoy se suman a otras dos emitidas a principios de diciembre, que sumaban también cuatro años de prisión, aunque fueron rebajadas posteriormente a dos por un indulto de la junta militar.
Suu Kyi, de 76 años, se enfrenta a numerosos procesos puestos en marcha tras ser derrocada durante el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero.
La política, quien permanece detenida desde las primeras horas de la toma de poder de los militares y cumple condena en un lugar desconocido, es además acusada de corrupción y vulnerar la ley de Secretos Oficiales, penados con un máximo de 15 y 14 años de prisión, respectivamente.
El golpe de Estado sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Al menos 1.447 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 11.400 los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi.