La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) pidió este lunes una investigación completa de los asesinatos cometidos en Filipinas durante la llamada “guerra contra las drogas” una de sus últimas decisiones antes de dejar el cargo esta semana.
Fatou Bensouda instó a los jueces a autorizar una investigación, después de que los funcionarios de la policía nacional filipinas fueran acusados de haber “matado ilegalmente a miles o incluso decenas de miles de civiles”, indicó en un comunicado.
Filipinas se retiró en 2019 de la CPI, el único tribunal permanente de crímenes de guerra en el mundo, pero la fiscalía dijo que aún puede investigar los crímenes cometidos durante el período en que fue miembro.
La decisión de Manila se produjo después de que la corte con sede en La Haya iniciara un examen preliminar en 2018 sobre la lucha contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte entre julio de 2016 y marzo de 2019.
“Hoy, anuncio que el examen preliminar sobre la situación en la República de Filipinas ha concluido y que he solicitado autorización judicial para proceder a una investigación”, señaló Fatou Bensouda.
“Existe una base razonable para creer que el crimen contra la humanidad de asesinato fue cometido en territorio de Filipinas entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019”, añadió.
Si se autoriza la investigación, esta correrá a cargo del británico Karim Khan, que sucederá a Bensouda el miércoles como fiscal jefe de la CPI.
Miles de civiles
Rodrigo Duterte fue elegido presidente en 2016, tras prometer que erradicaría el tráfico de drogas acabando con decenas de miles de delincuentes.
Las cifras oficiales dan cuenta de más de 6.000 fallecidos y más de 200.000 operaciones antidroga en el archipiélago, pero los activistas por los derechos humanos aseguran que el número real de muertos es mucho mayor.
En junio de 2020, un informe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció que desde 2016 la policía filipina fue alentada al más alto nivel a matar a los presuntos traficantes de drogas.
Miles de personas fueron abatidas por policías o francotiradores enmascarados, según el informe. Los agentes suelen justificar las muertes asegurando que sus disparos fueron en legítima defensa.
“De las informaciones disponibles puede extraerse que funcionarios de la policía nacional filipina y otras personas que actuaron en coordinación con ellos habrían matado ilegalmente a miles o incluso decenas de miles de civiles” durante el periodo investigado, precisó Bensouda.
La oficina de la fiscal también examinó informaciones “sobre alegaciones de tortura y otros actos inhumanos” cometidos a partir del 1 de noviembre de 2011, fecha en la que la Corte empezó a ser competente en Filipinas.
El anuncio supone “un momento de esperanza para miles de familias en Filipinas, que lloran a los que perdieron” en esa operación, indicó en un comunicado Agnès Callamard, directora de la ONG proderechos humanos Amnistía Internacional.
De su lado, la organización Human Rights Watch declaró que el tribunal ha “asestado un golpe” a la “presunción de impunidad” del presidente filipino por los asesinatos.
Rodrigo Duterte siempre ha asegurado que el sistema judicial del país funciona y afirmó en varias ocasiones que la CPI carecía de autoridad para intervenir en su país y que no cooperaría en una investigación “ilegal”. Incluso amenazó con detener a Bensouda.