Miles de birmanos volvieron a salir a las calles en algunas ciudades del país para protestar contra la junta militar tras un fin de semana de extrema violencia en el que la policía y los soldados mataron a más de 120 civiles, incluidos 7 menores.
Los organismos de seguridad también continuaron con el uso de fuerza letal contra los manifestantes con al menos un joven de 20 años muerto y otras cinco personas heridas esta mañana en Rangún, la mayor ciudad del país, informó el medio Irrawaddy.
Unos 20.000 manifestantes, incluidos monjes, protestaron contra el golpe militar del pasado 1 de febrero en Tangse, en la región de Sagaing, según el portal Myanmar Now, mientras que otras marchas tuvieron lugar en ciudades como Bago y Mawlamyine, la capital del estado Mon.
En su último informe, la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP) de Birmania indicó que la cifra total de víctimas mortales por la represión militar y policial asciende a 459, con al menos 90 fallecidos el sábado, el día más sangriento desde el golpe, y otros 36 el domingo.
Durante el fin de semana, dos aviones de la Fuerza Aérea birmana dispararon y lanzaron bombas contra varias aldeas de la minoría étnica karen, lo que ha provocado el desplazamiento de 10.000 personas y que al menos 3.000 crucen la frontera con Tailandia.
La violencia en los últimos dos días ha provocado una oleada de condenas por parte de la Unión Europea (UE) y países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o España y muestras de “preocupación” por Rusia, mientras que la ONU puso la bandera a media asta en sus oficinas en Birmania en memoria de los fallecidos.
Con una campaña de desinformación en sus medios, los uniformados, liderados por el general Min Aung Hlaing, continúan ignorando las llamadas de la comunidad internacional y las sanciones aprobadas por la UE y algunos países como EE.UU. contra la élite castrense y sus conglomerados económicos.
Llamada de acción global
El grupo Special Advisory Council For Myanmar, formado por expertos y juristas, denunció los casi dos meses de “asesinatos, torturas, saqueos y destrucción” por parte de los uniformados y pidió acciones globales contra el régimen militar.
El grupo, formado a instancias de la antigua relatora especial para Birmania Yanghee Lee, propuso un embargo global de armas, sanciones contra los militares y sus empresas y denunciar a los jefes castrenses ante la Corte Penal Internacional.
También pidió que se cancelen las visitas diplomáticas a Birmania en todos los niveles.
En este sentido, criticó que mientras los soldados disparaban contra civiles y niños el sábado, delegados de Rusia, China, India, Pakistán, Bangladés, Vietnam, Laos y Tailandia atendían a un desfile militar en la capital birmana con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.
Los militares birmanos justifican el golpe de Estado por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó la líder depuesta y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, y que fueron declaradas legítimas por los observadores internacionales.