Después de un mes de represión, el éxodo es la nueva cara de la capital de Myanmar, Rangún. Una de las principales vías para salir de la ciudad estaba totalmente congestionada en la mañana de este 19 de marzo, según las imágenes de los medios locales.
Desde que se produjo el golpe de Estado militar el pasado 1 de febrero, más de 200 civiles han muerto. 224 exactamente, según la ONG de derechos humanos birmana Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP).
Pero, según publica el diario ‘Le Monde’, el saldo podría ser mucho más amplio ya que varias personas han desaparecido en los últimos días. Incluso un corresponsal de la ‘BBC’ está en paradero desconocido. Se trata de un periodista birmano que trabajaba en la capital para el medio británico.
“Estamos muy preocupados por nuestro reportero Aung Thura, detenido por sujetos que no se identificaron”, alertó en Twitter la cadena de televisión.
Dos de los cinco millones de habitantes de la capital están bajo ley marcial. Y aunque hasta ahora las manifestaciones en Rangún se habían mantenido relativamente pacíficas, en algunos barrios los habitantes lanzaron proyectiles y bombas molotov contra el Ejército y la policía, por lo que los habitantes de la capital han comenzado a huir de manera desesperada.
“Estoy volviendo a casa, al estado de Rakhine, en el oeste del país”, dijo a una mujer que tomó el bus para salir de la capital. “Ya no duermo en la noche. En mi barrio la policía se llevó a varias personas y las torturaron”.
En las redes sociales, los internautas llaman a la gente a huir porque “la situación en la ciudad da miedo”. Otros en cambio piden a la gente quedarse por “solidaridad”.
“Era demasiado estresante estar en Rangún”, dijo a la misma agencia un orfebre que se instaló en la costa.
Tailandia, preparada ante posible avalancha de refugiados
Tailandia, el país vecino, se prepara para recibir un flujo de refugiados. El gobierno de la provincia de Tak advirtió que están capacitados “para acoger entre 30 mil a 50 mil” birmanos.
Sin embargo, hay unos 90 mil que ya viven del lado tailandés de la frontera –de 1.800 kilómetros– que separa a ambos países. Llegaron allí huyendo de decenas de años de guerra civil entre el Ejército y los rebeldes. Otros birmanos han partido hacia India, otro de los países fronterizos.
Un ‘Parlamento fantasma’ ante la represión del Ejército
La represión tuvo lugar este viernes también en el centro del país. Allí al menos dos personas fueron abatidas, según un empleado de una funeraria que teme haya más víctimas.
En su informe diario, la ONG AAPP publica que las “muertes, torturas, la destrucción de casas y otros bienes privados” son las tácticas del Ejército, que es cada vez más violento.
Según la organización, los militares crean un clima de “miedo y subordinación”. Algunos manifestantes son “obligados por las armas a destruir barricadas” según varios testigos.
Mientras, el país se cierra cada día más. Las conexiones móviles de Internet están aún cortadas y solo los medios estatales cubren la crisis.
Más de 2.200 personas han sido arrestadas desde el golpe de Estado. La mayoría pertenece al partido de la también detenida líder Aung San Suu Kyi, la Liga por la Democracia. (LND).
Muchos diputados de la LND han pasado a la clandestinidad y algunos han formado un Parlamento fantasma, el Comité representativo de Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). El vicepresidente del CRPH, Mahn Win Khaing Than, y su “enviado especial” en las Naciones Unidas, el doctor Sasa, fueron inculpados de “alta traición” y arriesgan 22 años de cárcel.
Según el representante en la ONU, que renegó de la junta, un comité de parlamentarios destituidos por los militares estudia convocar a la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar a los responsables del golpe.
Este miércoles 17 de marzo, investigadores de la ONU hicieron un llamado a la población birmana para que colecten y preserven toda evidencia sobre los abusos cometidos por el Ejército desde el golpe del 1 de febrero, con el fin de constituir futuros procesos en contra de sus líderes.
En Ginebra, los expertos en derechos humanos de la ONU han indicado que los Estados pueden apoyarse en el principio de jurisdicción universal para procesar a los soldados “responsables de actos que puedan constituir crímenes de lesa humanidad”.
Los generales por su parte siguen haciendo oídos sordos a las múltiples condenas internacionales e ignorando las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido.
Según el Ministerio de Exteriores francés, Bruselas anunciará el lunes nuevas sanciones contra los intereses económicos de los golpistas.