La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió este jueves al ejército birmano que deje de “asesinar” a los manifestantes, en cuyas filas hubo al menos 54 personas muertas y más de 1.700 detenidas desde el 1 de febrero.
“Es odioso que las fuerzas de seguridad disparen munición real contra manifestantes pacíficos en todo el país. Estoy consternada también por los ataques registrados contra el personal médico de los servicios de emergencia y las ambulancias que intentan socorrer a las personas heridas”, dijo Bachelet en un comunicado.
“El ejército birmano debe dejar de asesinar y de encarcelar a los manifestantes”, agregó la expresidenta chilena, quien conoció en primera persona la detención y la tortura y cuyo padre, Alberto Bachelet, murió detenido y torturado.
La Alta Comisionada indicó que pudo corroborar que 54 personas fueron abatidas por policías y militares desde el golpe de Estado, el pasado 1 de febrero. No obstante, el balance real de muertos podría ser mucho más alto, advirtió la ONU.
De esos 54 casos documentados, al menos 30 personas fueron abatidas en varias ciudades el pasado miércoles. Otra persona murió el martes; 18, el domingo; y cinco, en días anteriores, según Naciones Unidas.
Además, “informaciones creíbles indican que al menos centenares de personas fueron heridas en las manifestaciones”, explicó la Alta Comisionada, aunque matizó que es complicado establecer un balance.
Asimismo, más de 1.700 personas fueron arrestadas de forma arbitraria, al menos 700 de las cuales el miércoles, por haber participado en protestas o en actividades políticas, según la ONU.
Entre estas personas figuran parlamentarios, activistas políticos, escritores, defensores de derechos humanos, docentes, profesionales sanitarios, funcionarios, periodistas y monjes.
La Alta Comisionada considera que el número real de detenidos probablemente sea mucho mayor, puesto que se realizaron manifestaciones en más de 500 lugares “donde no siempre fue posible seguir el desarrollo de la situación”.
“Un buen número de arrestos y detenciones arbitrarias realizados desde el 1 de febrero pueden constituir desapariciones forzadas”, señaló Bachelet, que reclamó la liberación inmediata de todos los que fueron detenidos de forma arbitraria.