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Dos manifestantes murieron y otros 30 resultaron heridos este sábado en la ciudad de Mandalay, en el centro de Birmania, cuando la policía dispersó a tiros una protesta contra la junta militar, lo que generó el episodio más violento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.
Centenares de policías fueron desplegados el sábado por la tarde en esta ciudad, la segunda del país, y los manifestantes congregados iniciaron un cacerolazo y algunos lanzaron objetos hacia las fuerzas del orden, que abrieron fuego.
Uno de los fallecidos es menor de edad y recibió una bala en la cabeza, indicó Hlaing Min Oo, responsable de un equipo de socorristas voluntarios.
Según él, “la mitad de los heridos recibió disparos con munición real”.
Otro trabajador de los servicios de emergencia también confirmó las dos muertes.
Esta escalada se produce un día después de la muerte de la joven de 20 años, Mya Thwate Thwate Khaing, herida de bala el 9 de febrero.
La junta militar, que ostenta el poder tras el golpe, sigue incrementando la presión contra el movimiento prodemocracia. Pero eso no parece amedrentar a varios miles de personas, que volvieron a protestar de nuevo en las calles de Rangún, entre ellos representantes de minorías étnicas en trajes tradicionales.
Los manifestantes piden el retorno del gobierno civil, la liberación de los detenidos y la abolición de la Constitución, muy favorable a los militares.
“Eres nuestra mártir”
Cerca de la célebre pagoda de Shwedagon, en el centro de Rangún, una corona de flores fue depositada en honor a “Mya”, como se conoce ya a la primera víctima mortal de estas protestas.
“La bala que la atravesó también llegó a todas nuestras cabezas”, decía un manifestante. “Eres nuestra mártir”, escribió otro en un papel unido a una rosa blanca depositada al pie de su retrato.
Está previsto que se celebre una ceremonia en honor de la joven el domingo.
Casi tres semanas después del golpe que puso fin al gobierno civil de Aung San Suu Kyi y a 10 años de frágil democracia, las condenas internacionales y el anuncio de nuevas sanciones no han logrado doblegar a los generales.
Las conexiones a internet permanecieron prácticamente cortadas por sexta noche consecutiva, antes de ser restauradas en la mañana del sábado.
Los arrestos continúan, con cerca de 550 detenidos en menos de tres semanas, entre ellos responsables políticos, funcionarios huelguistas, monjes y activistas, según una ONG de asistencia a los presos políticos. Solo unos 40 han sido liberados.
Las manifestaciones congregaron en las dos últimas semanas a centenares de miles de birmanos en todo el país, un movimiento inédito desde la sublevación de 2007, duramente reprimida por el ejército.
En los últimos días, los enfrentamientos, los heridos y este sábado los muertos, aumentan de manera preocupante.
En Myitkyina, en el norte, pequeños grupos de manifestantes fueron dispersados el viernes por la policía y militares armados con matracas, según vídeos de testigos.
Una profesora, que estaba en el lugar y se esconde ahora por miedo a ser detenida, declaró a la AFP que había visto decenas de detenciones.
Sanciones
La junta anunció a principios de semana la muerte de un policía. El miedo a las represalias está muy vivo en Birmania, que vivió 50 años, desde su independencia en 1948, bajo el yugo militar.
Pero pese a ello, se mantienen los llamados a la desobediencia civil, y médicos, profesores, controladores aéreos y trabajadores ferroviarios siguen en huelga, aunque sean los principales objetivos de las detenciones.
Además, la crisis política y social de Birmania sigue en el centro de la agenda internacional.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunirán el lunes para analizar eventuales medidas contra el ejército birmano.
“Condeno fuertemente la violencia contra manifestantes pacíficos por parte del ejército. Pido con urgencia al ejército y a todas las fuerzas de seguridad que frenen inmediatamente la violencia contra civiles”, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
“Sancionar a algunos jefes militares es simbólicamente importante, pero (…) es poco probable que tengan haberes que puedan ser congelados en la UE, y la denegación de un visado no equivale a más que una prohibición de vacaciones”, advirtió la ONG Burma Campaign UK, que pide medidas coercitivas contra los poderosos conglomerados controlados por los militares.
Hasta ahora, Estados Unidos, Reino Unido -antigua potencia colonial- y Canadá han anunciado sanciones contra algunos generales.
Mientras tanto, Pekín y Moscú, aliados tradicionales del ejército birmano en Naciones Unidas, consideran la crisis como un “asunto interno” del país.
Aung San Suu Kyi, de 75 años, a la que no se ha vuelto a ver desde su detención, está en arresto domiciliario y fue acusada de haber importado “ilegalmente” talkie-walkies y de violar una ley sobre la gestión de catástrofes naturales.
Los militares justificaron el golpe de Estado por supuestos fraudes masivos durante las elecciones de noviembre, que ganó por aplastante mayoría el partido de la premio Nobel de la Paz de 1991.
